Este golpe se suma a la cifra histórica reportada por el Gobierno de más de 1.700 toneladas incautadas en el periodo actual, un hito que el Ejecutivo defiende y contadice la narrativa de la oposición ante los Estados Unidos. 

Rafael Camargo Vásquez

Gorgona-Cauca 

Bajo la directriz directa de la Presidencia de la República, orientada a golpear las finanzas del multicrimen mediante la primacía de la inteligencia sobre la fuerza bruta, se ha consolidado un resultado operativo de alto impacto en las aguas del Pacífico colombiano. El objetivo central de esta misión fue la asfixia logística de una de las rutas más activas hacia Centroamérica y los Estados Unidos, la cual utiliza el corredor natural de la Isla Gorgona como enclave estratégico para el tráfico transnacional.

Esta acción de mando marca una ruptura con las doctrinas del pasado. En lugar de centrar los esfuerzos en la erradicación forzada en tierra, la operación priorizó la interdicción marítima profunda, logrando capturar el producto final —el clorhidrato de cocaína— en su punto de mayor valor logístico y financiero. La logística del éxito quedó demostrada tras una extenuante persecución de cinco horas liderada por los Guardacostas de Buenaventura, que culminó con la incautación de 1,1 toneladas del alcaloide.

El operativo se sostiene sobre los pilares de la actual narrativa de seguridad del Estado. En primer lugar, destaca el principio de «cero bajas», un énfasis en la captura de cargamentos y embarcaciones sin costo en vidas humanas, privilegiando el uso de tecnología de punta. Asimismo, la afectación financiera es devastadora para las estructuras criminales: el decomiso de estas toneladas representa una pérdida directa de aproximadamente 36 millones de dólares en el mercado internacional. Finalmente, la acción reafirma la soberanía en el Pacífico, recuperando el control de áreas protegidas que, históricamente, han sido vulneradas por el narcotráfico como puntos de reabastecimiento.

Este golpe se suma a la cifra histórica reportada por el Gobierno de más de 1.700 toneladas incautadas en el periodo actual, un hito que el Ejecutivo defiende como el método más efectivo para debilitar a las organizaciones criminales sin trasladar el conflicto a las comunidades campesinas. La efectividad de estas operaciones denominadas «limpias» se ha convertido en el estandarte de la política de seguridad nacional, proyectando un mensaje de contundencia y legitimidad ante la comunidad internacional y las agencias de cooperación como la DEA.