Montería bajo el agua 

Rafael Camargo Vásquez

Enviado Especial 

En una respuesta contundente frente a la emergencia que azota el norte del país, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha puesto en marcha un operativo de proporciones masivas para mitigar el impacto de las inundaciones en el departamento de Córdoba. Según los reportes más recientes, consolidados al 10 de febrero de 2026, la región ha recibido un cargamento inicial que supera las 70 toneladas de asistencia humanitaria, marcando el inicio de una ambiciosa estrategia logística que pretende movilizar un total de 223 toneladas mediante un flujo constante de tractocamiones despachados desde la capital de la República.

El contingente de auxilio se ha diseñado para cubrir las necesidades más apremiantes de las familias damnificadas. Hasta la fecha, el inventario de ayudas incluye 2.161 colchonetas —con un despacho prioritario de 500 unidades para los albergues de Montería— y 1.300 kits integrales de asistencia compuestos por alimentos, elementos de aseo personal, utensilios de cocina, hamacas y sábanas. Cabe destacar el enfoque de «protección integral de la vida» adoptado por el Ejecutivo, que ha incluido el envío de 10 toneladas adicionales de alimentos e insumos veterinarios destinados a los animales afectados, reconociendo su importancia en la subsistencia de las comunidades rurales.

La magnitud de la tragedia queda reflejada en las cifras del Puesto de Mando Unificado (PMU), que sitúan en 47.000 el número de familias damnificadas distribuidas en 23 municipios. El operativo ha centrado sus esfuerzos iniciales en localidades críticas como Montería, Canalete, Valencia, Tierralta, San Bernardo del Viento, Montelíbano, La Apartada y Puerto Escondido. Para reforzar la operatividad en terreno, han arribado 64 voluntarios especializados, entre ellos 44 efectivos de la Defensa Civil y 20 del Cuerpo de Bomberos, quienes lideran las complejas labores de rescate y distribución en zonas donde el nivel de las aguas dificulta el acceso.

En el plano político y administrativo, el presidente Gustavo Petro se trasladó a Montería para presidir un consejo de ministros televisado, desde donde enfatizó la necesidad de implementar medidas estructurales. El mandatario fue enfático al declarar: «Hemos solicitado formalmente a la Corte Constitucional levantar la suspensión del Decreto de Emergencia Económica para agilizar la destinación de recursos hacia Córdoba y Sucre». Asimismo, el Gobierno ha iniciado investigaciones sobre el manejo de la Hidroeléctrica Urrá, tras diversas denuncias que apuntan a liberaciones de agua irregulares como posibles agravantes del desastre.

La Fuerza Pública ha desempeñado un papel determinante en la protección de la población civil. Soldados de la Brigada 11 del Ejército Nacional han liderado evacuaciones de personas con movilidad reducida y la entrega de 3.000 ayudas adicionales en las riberas de los ríos Sinú y San Jorge. Por su parte, la Fuerza Aeroespacial ha garantizado la conectividad logística mediante helicópteros UH-60 que han transportado suministros a comunidades completamente aisladas. Finalmente, la Armada Nacional mantiene un despliegue constante, utilizando sus capacidades fluviales para asegurar que el abastecimiento llegue con éxito a los sectores más remotos del litoral cordobés.

El 70 por ciento del territorio de Córdoba se encuentra bajo agua.