En este ajedrez de traiciones y verdades a medias, la justicia parece cercar finalmente un sistema que intentó ocultar sus engranajes bajo un manto de impunidad y opulencia.

Internacionales 

El escenario de la justicia internacional ha entrado en una fase de ebullición, transformando antiguas sospechas de corrupción en un terremoto político con epicentro en la frontera colombo-venezolana. En este tablero, la figura de Alex Saab, el denominado «arquitecto financiero» de Miraflores, emerge como un factor de inestabilidad jurídica que trasciende las fronteras. Tras su retorno a la escena pública y las tensiones propias de 2026, los reportes sobre su disposición a detallar vínculos históricos y financieros con la clase política colombiana han inyectado una dosis de incertidumbre en el debate electoral, planteando interrogantes sobre la génesis de alianzas de poder que hasta ahora permanecían en la sombra.

En este contexto, el nombre del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha cobrado un protagonismo ineludible debido a su pasada relación profesional y personal con Saab. Mientras que De la Espriella defiende su ejercicio legal como una actividad protegida y ajena a los crímenes de su antiguo cliente, la expectativa por las posibles revelaciones de Saab ante agencias internacionales ha generado una atmósfera de «acoso judicial» y señalamientos mutuos. Esta situación ha obligado al candidato a deslindar permanentemente su campaña de los manejos del régimen venezolano, en un intento por blindar su aspiración presidencial ante la opinión pública y los organismos de control.

Paralelamente, el testimonio de Hugo «El Pollo» Carvajal ante la Corte Penal Internacional (CPI) representa el riesgo estructural más grave para la cúpula chavista. Como exdirector de Inteligencia Militar, Carvajal ha aportado pruebas sobre la cadena de mando en la represión estatal y el uso de grupos paramilitares conocidos como «colectivos» para el control social. Su colaboración, motivada por la búsqueda de beneficios procesales tras declararse culpable en Estados Unidos en 2025, no solo expone la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino que describe una red de infiltración política y narcoterrorismo que afecta la seguridad de toda la región.

Finalmente, el motor de la justicia internacional se nutre de la evidencia técnica de desertores de la inteligencia venezolana y el clamor de más de 8.900 víctimas que han documentado abusos sistemáticos. La convergencia de estos relatos —desde la ingeniería financiera de Saab hasta la operatividad represiva revelada por Carvajal— permite a la fiscalía de Karim Khan diseccionar el mecanismo del poder para establecer responsabilidades definitivas. En este ajedrez de traiciones y verdades a medias, la justicia parece cercar finalmente un sistema que intentó ocultar sus engranajes bajo un manto de impunidad y opulencia.