Roy Barreras
Gloria Arizabaleta
Jairo Castellanos
Fernando de Jesús Martínez F.
Judicial
En una determinación que redefine el tablero de responsabilidades en uno de los escándalos de presunto clientelismo más sonados de los últimos años, la Corte Suprema de Justicia ha decidido trazar una línea divisoria en el expediente de la DIAN. Mientras el alto tribunal dictó el archivo de las actuaciones para veintiséis congresistas, la Sala de Instrucción mantuvo vigente la investigación contra el precandidato presidencial, Roy Barreras, su exesposa y representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, y el legislador Jairo Castellanos.
Sospecha persistente
La ponencia, liderada por la magistrada Cristina Lombana, desestimó las acusaciones contra un nutrido grupo de políticos que incluía nombres de peso como David Barguil, María del Rosario Guerra y Agmeth Escaf, al no hallar pruebas concluyentes de su participación en la supuesta solicitud de «cuotas burocráticas». No obstante, el despacho de la magistrada —en coordinación con las pesquisas que adelanta el magistrado Francisco Farfán— consideró que los indicios que pesan sobre Barreras y Arizabaleta revisten una complejidad que impide, por ahora, el cierre de su expediente.
La controversia tiene su origen en las denuncias del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien en su momento describió una serie de presiones e intereses cruzados que buscaban permear la estructura administrativa de la entidad tributaria. Para la Corte, el papel desempeñado por el círculo cercano de Barreras requiere una disección más profunda para determinar si hubo un uso indebido de la influencia política en la asignación de cargos estratégicos.
Justicia ordinaria
El fallo de la Corte no solo dejó activos estos procesos, sino que también generó una onda expansiva hacia la Fiscalía General de la Nación. Al constatar que figuras como Dilian Francisca Toro y Gilberto Rondón no ostentaban la calidad de congresistas al momento de los hechos denunciados, el tribunal compulsó copias para que sea la justicia ordinaria la que determine su responsabilidad. Esta maniobra asegura que las menciones realizadas por Reyes no queden en el limbo jurídico debido a la falta de fuero constitucional de algunos implicados.
La política y el estrado
Para Roy Barreras, quien ha navegado por las aguas de la política colombiana con una destreza singular, esta decisión representa un desafío a su narrativa de transparencia. El hecho de que la investigación continúe para él y para Arizabaleta —quienes han compartido no solo un proyecto de vida personal sino también una trayectoria de poder regional y nacional— sugiere que los testimonios y evidencias recaudados hasta la fecha contienen elementos que la Corte considera «de especial relevancia jurídica».
En este ajedrez de lealtades y denuncias, la justicia colombiana parece enviar un mensaje nítido: aunque la mayoría de los señalados han quedado al margen del proceso, el núcleo del poder que rodea la gestión de las aduanas y los impuestos sigue bajo una lupa que no admite concesiones.
Exonerados
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia de la magistrada Cristina Lombana, ha dictaminado el archivo definitivo de la investigación contra veintiséis legisladores señalados por presuntas irregularidades burocráticas en la DIAN. Tras un exhaustivo análisis de las denuncias interpuestas por el exdirector de la entidad, Luis Carlos Reyes, el alto tribunal concluyó que no existen méritos probatorios para vincular a este grupo con la solicitud de cuotas de poder. Entre los exonerados figuran nombres de relevancia nacional como David Barguil, María del Rosario Guerra, Agmeth Escaf y Ciro Ramírez, además de la inhibición jurídica por el fallecimiento de Mario Alberto Castaño, cerrando así un capítulo de sospechas sobre sus conductas administrativas.
Este deslinde de responsabilidades, sin embargo, no implica el cierre total del expediente, pues la magistratura ha decidido mantener bajo la lupa a figuras centrales como Roy Barreras, Gloria Arizabaleta y Jairo Castellanos. La lista de quienes hoy recuperan su tranquilidad jurídica se completa con Richard Aguilar, Fernando Araujo, Jhon Jairo Bermúdez, Félix Chica, Laura Fortich, Andrés García, Mauricio Gómez Amín, Amanda González, Milena Jarava, Buenaventura León, Emeterio Montes, Faber Muñoz, Diego Osorio, José Luis Pinedo, Eloy Quintero, Néstor Rico, Juan Carlos Rivera, Rodrigo Villalba, Antonio Zabaraín, Gloria Betty Zorro y Erasmo Zuleta. Con este fallo, la Corte separa la gestión política legítima de los indicios de tráfico de influencias que aún persiguen a los pocos que permanecen encausados.