Amanda Illera B.
Mujeres
En un esfuerzo por subsanar décadas de precariedad y olvido institucional, el Gobierno Nacional ha convocado a un encuentro de trascendencia política y social denominado «Hacia la dignificación laboral de las madres comunitarias». Este evento no constituye únicamente un espacio de diálogo, sino que se erige como la piedra angular para transformar la labor del cuidado en una profesión plenamente reconocida, transitando de un modelo de bonificaciones voluntarias hacia una estructura de empleo formal con todas las garantías de ley.
La transición del voluntariado
Históricamente, las madres comunitarias han operado bajo figuras jurídicas ambiguas que las situaban en la periferia de la seguridad social. El actual encuentro busca consolidar su estatus como trabajadoras oficiales, asegurando que el acceso a primas, vacaciones y, fundamentalmente, a un subsidio pensional digno, deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad administrativa. Este proceso responde, de manera tardía pero firme, a los lineamientos de la Corte Constitucional, que en diversas sentencias ha instado al Estado a reconocer el «trabajo de cuidado» como un servicio público esencial que no puede sostenerse sobre la informalidad de quienes lo ejecutan.
Fortalecimiento institucional y autonomía
Bajo la égida del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio del Trabajo, la agenda del encuentro prioriza la profesionalización del capital humano. La meta es implementar programas de formación técnica y profesional que permitan a estas mujeres acreditar sus saberes ancestrales y pedagógicos, accediendo así a escalas salariales justas. Paralelamente, se discute la eliminación de intermediarios en la contratación, buscando que el vínculo laboral se establezca directamente con el Estado, garantizando así que los recursos destinados a la nutrición y el bienestar de la primera infancia no sufran mermas en la cadena de operación privada.
Desafío de Estado
Pese al consenso sobre la justicia de esta causa, el gran interrogante que gravita sobre el encuentro es la sostenibilidad fiscal. La formalización de más de 48.000 madres comunitarias representa un reto presupuestal de proporciones mayúsculas para las finanzas públicas. No obstante, el Gobierno sostiene que la inversión en la dignificación de estas trabajadoras es, en última instancia, una inversión en la estabilidad de los hogares más vulnerables de Colombia, donde el cuidado y el afecto son los cimientos de la paz social.
Reflexión
El encuentro por la dignificación laboral es un acto de honestidad republicana que pone en el centro de la discusión nacional a las mujeres que, en silencio, han criado a generaciones enteras. Como se ha reiterado en las mesas de trabajo, «dignificar a la madre comunitaria es blindar el futuro de la infancia»; es reconocer que el bienestar de los más pequeños es inseparable de la estabilidad legal y económica de quienes dedican su vida a protegerlos.
