Petro ha formalizado su contraofensiva jurídica ante el Consejo de Estado tras la suspensión del decreto que establecía un incremento del 23% en el salario mínimo.
Hoy marchará Colombia reclamando para los trabajadores un salario digno
Fernando Hoyos G.
Primicia Diario
El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, ha respondido jurídicamente a la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, el cual establecía un incremento histórico del 23% para el salario mínimo de 2026. Esta medida cautelar del Consejo de Estado ha generado un intenso debate técnico y político en el país.
Petro ha formalizado su contraofensiva jurídica ante el Consejo de Estado tras la suspensión del decreto que establecía un incremento del 23% en el salario mínimo. En su impugnación, el Ejecutivo sostiene que la decisión judicial pone en riesgo la «Constitución de 1991» y vulnera el poder adquisitivo de los sectores menos favorecidos, calificando la medida como un acto que prioriza los «intereses gremiales» sobre la dignidad laboral de millones de ciudadanos.
Por su parte, el alto tribunal fundamentó la cautela en una presunta «infracción al marco legal», argumentando que el Gobierno no justificó técnicamente cómo el alza se equilibraba con la productividad y la inflación. Mientras se resuelve el fondo del asunto, la Casa de Nariño dispone de un plazo perentorio para emitir un decreto transitorio que ajuste la cifra salarial, bajo la premisa de que los pagos ya efectuados no son retroactivos y permanecen como un derecho adquirido del trabajador.
Este hecho ha sido capitalizado por los aspirantes presidenciales: Vicky Dávila y Paloma Valencia piden rigor técnico para evitar inflación, mientras que Iván Cepeda llama a las calles para defender el aumento original.
El Consejo de Estado no ha anulado el decreto de forma definitiva, pero encontró fallas procedimentales graves que motivaron la medida cautelar