Los jardines de una de las universidades bogotanas.
Primicia Diario
Históricamente, la academia en Colombia se había beneficiado de una estructura legal que le permitía eludir el pago de impuestos proporcionales a sus multimillonarios ingresos. Sin embargo, bajo la actual política gubernamental orientada a robustecer la educación popular y redistribuir las cargas fiscales, este escenario ha cambiado radicalmente. Por primera vez, las instituciones de educación superior privadas se verán obligadas a cancelar tributos sobre su riqueza acumulada, marcando un hito en la fiscalización del sector educativo.
La reciente interpretación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha puesto en jaque la planeación financiera de estas instituciones. Aunque el listado oficial se maneja bajo reserva estadística, los reportes financieros permiten identificar a los grandes aportantes de un recaudo que, en conjunto, superará los $250.000 millones de pesos anuales. Esta medida afecta a las instituciones con patrimonios líquidos superiores a las 72.000 UVT (aprox. $3.388 millones), las cuales deberán pagar tarifas progresivas de hasta el 1,5 %.
El «Top 10» de las obligaciones multimillonarias
En la cúspide del escalafón se encuentran los centros de pensamiento más tradicionales, liderados por cifras que evidencian el músculo financiero que habían mantenido fuera del alcance del fisco:
Universidad Externado de Colombia: Encabeza la lista con el cobro más alto del país, ascendiendo a $23.466 millones.
Pontificia Universidad Javeriana: Proyecta un tributo de $9.100 millones.
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB): Su obligación se estima en $8.200 millones.
Universidad de los Andes: Situada en el rango de los $8.100 millones.
Universidad de Medellín: Enfrenta un cobro de $5.500 millones.
Universidad Santiago de Cali: Con una cifra estimada de $4.700 millones.
Universidad Santo Tomás: Deberá pagar cerca de $4.600 millones.
Universidad Libre: Su aporte al fisco sería de $3.700 millones.
Universidad Católica de Colombia: Proyecta un pago de $3.200 millones.
Universidad EAFIT: Se sitúa también en los $3.200 millones.
Impacto en sectores técnicos y regionales
El impacto se extiende a instituciones con fuerte presencia regional donde la inversión en infraestructura ha inflado el patrimonio contable, generando lo que algunos expertos llaman «el castigo a la inversión», pero que el Gobierno defiende como una contribución necesaria al erario público.
Sector Salud y Técnica: La FUCS ($2.710 millones), el Área Andina ($2.103 millones) y la Escuela Colombiana de Ingeniería ($998 millones) registran cifras significativas.
Gestión y Regiones: El CESA ($1.066 millones) y la UNAB de Bucaramanga ($1.351 millones) también entran en el radar de altos contribuyentes, junto a la Universidad Central ($849 millones) y la UMB ($716 millones).
Instituciones con menores cuantías
En la base de la pirámide de las 92 obligadas se encuentran entidades de menor tamaño con obligaciones que oscilan entre los $80 y $450 millones: FESC ($422 millones), Universidad CES ($325 millones), UNIMINUTO ($311 millones), Uniagraria ($279 millones), Comfacauca ($103 millones) y el Politécnico de la Costa ($80 millones).
El riesgo de la descapitalización académica
Desde la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) se advierte que estos recursos, que anteriormente se reinvertían en su totalidad, ahora irán directamente a financiar los planes estatales de educación popular. Las juntas directivas enfrentan ahora dilemas complejos: el posible aumento de las matrículas o el recorte en programas de becas. Varios rectores han calificado la medida como un golpe a la «autonomía universitaria» y han trasladado la batalla jurídica al Consejo de Estado para defender lo que consideran activos esenciales para la educación.
Moderno edificio de la Universidad Javeriana