El reciente descubrimiento de un artefacto explosivo de alto poder en las inmediaciones de Ipiales, Nariño, ha dejado de ser un simple incidente fronterizo para convertirse en la «prueba técnica irrefutable» de una incursión armada en suelo nacional ejecutadas por las fuerzas militares de Ecuador bajo las directrices del presidente Daniel Noboa.
Manuel Higuera Z.
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En un giro dramático que eleva la tensión entre Bogotá y Quito, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó el hallazgo de 27 cuerpos calcinados en las inmediaciones de la frontera con Ecuador. Según el mandatario colombiano, estos fallecimientos serían la consecuencia directa de los bombardeos aéreos ejecutados por fuerzas extranjeras en territorio limítrofe, los cuales habrían afectado a zonas habitadas por población civil.
A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado cuestionó la veracidad de las explicaciones dadas hasta el momento, calificándolas como «no creíbles». Petro enfatizó que los artefactos explosivos han sido localizados «en el piso, cerca a familias» que, según su declaración, habían decidido reemplazar voluntariamente los cultivos de hoja de coca por alternativas legales. El mandatario fue enfático al señalar que estas operaciones no corresponden a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, puesto que él, como comandante supremo, no ha emitido órdenes de bombardeo en dicha zona.
Ecuador y operativos conjuntos
Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha defendido las acciones militares realizadas en la provincia de Sucumbíos, argumentando que estas forman parte de una ofensiva frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico. Noboa destacó que estos operativos cuentan con el respaldo de la «cooperación internacional» y fueron informados en detalla a los Estados Unidos específicamente contra enclaves de grupos irregulares, como los denominados Comandos de la Frontera.
A pesar de las justificaciones del país vecino, el Gobierno de Colombia mantiene sus reservas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha reiterado que unidades especializadas se encuentran en el lugar para examinar los artefactos sin explotar, como el cilindro metálico hallado en Jardines de Sucumbíos. La misión prioritaria de los expertos es determinar si estos proyectiles fueron lanzados desde aeronaves de ala fija, lo que confirmaría la tesis de un ataque aéreo en la franja fronteriza.
Soberanía nacional
Organizaciones de derechos humanos y comunidades campesinas de la zona han empezado a denunciar presuntos abusos cometidos durante la operación denominada «Exterminio Total». Los testimonios recabados mencionan no solo los bombardeos, sino también la quema de viviendas y bienes productivos de familias rurales.
En Bogotá, el hallazgo de los cuerpos calcinados ha reabierto el debate sobre la violación de la soberanía nacional y la seguridad de las poblaciones civiles que habitan en los límites con el departamento de Nariño. Mientras el Ministerio de Defensa pide a la comunidad mantener una distancia de seguridad de al menos 500 metros de cualquier objeto sospechoso, el presidente Petro ha sugerido la existencia de grabaciones que probarían el origen aéreo de los ataques, las cuales podrían ser reveladas a la opinión pública en las próximas horas.
El presidente Daniel Noboa defendió la ofensiva en Sucumbíos contra los «Comandos de la Frontera», alegando el respaldo directo de Donald Trump y la cooperación de los Estados Unidos. Pese a la gravedad de los bombardeos, el mandatario omitió informar al Gobierno de Colombia, jactándose de una alianza internacional que ignora la soberanía nacional de su vecino.