El análisis documental establece que el 73% de las agresiones son responsabilidad de actores armados no estatales, incluyendo disidencias, el ELN y el Clan del Golfo. Estas estructuras criminales utilizan el asesinato selectivo como una herramienta sistemática de control social para silenciar el liderazgo comunitario.
Rafael Camargo Vásquez
Judicial
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos verificó un total de 972 asesinatos de defensores y líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el cierre de 2025. El informe califica a Colombia como «uno de los lugares más peligrosos del mundo» para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, subrayando que las instituciones del Estado no han logrado revertir los patrones de violencia estructural.
JUSTICIA EN DEUDA
Se reveló una cifra alarmante en cuanto a la respuesta judicial: desde 2022, solo el 6% de los homicidios contra líderes sociales cuenta con una sentencia condenatoria. Esta persistente impunidad, según el organismo internacional, se convierte en el principal combustible que alimenta el ciclo de repetición de los ataques en los territorios.
CARTOGRAFÍA DEL CONFLICTO
La geografía del riesgo en el país muestra una concentración crítica, donde el 76% de los casos ocurre en apenas 10 departamentos. Regiones como Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia se mantienen como las zonas más golpeadas por la violenta disputa territorial derivada de economías ilegales como el narcotráfico y la minería de socavón.
CONTROL POR EL TERROR
El análisis documental establece que el 73% de las agresiones son responsabilidad de actores armados no estatales, incluyendo disidencias, el ELN y el Clan del Golfo. Estas estructuras criminales utilizan el asesinato selectivo como una herramienta sistemática de control social para silenciar el liderazgo comunitario.
ALARMA EN 2026
La tragedia no cesa en el presente año; solo en lo corrido de 2026, la violencia ha cobrado la vida de figuras fundamentales para sus comunidades. Entre las víctimas recientes destacan el gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, en el Chocó, y el reconocido líder social Victoriano Arias Cusaluzán, en el departamento de Nariño.
EL LLAMADO INTERNACIONAL
La ONU insta al Gobierno Nacional a consolidar políticas públicas de protección que se adapten a la realidad técnica de cada territorio y a fortalecer la presencia judicial. El organismo advierte con preocupación que los recientes recortes presupuestales están limitando la capacidad de monitoreo internacional en las zonas de más alto riesgo.