La corrupción en la alimentación escolar, implica el desvío de recursos, sobrecostos y mala calidad de los alimentos, afectando la nutrición y permanencia escolar de miles de niños. Hallazgos fiscales superiores a los \(\$18.600\) millones, con irregularidades que incluyen pagos sin soportes y raciones insuficientes o podridas.
.Alba Mercedes Jaramillo C.
Primicia Diario
La historia reciente de Colombia ha estado sombreada por una práctica sistemática y desoladora: el desvío de recursos destinados a la nutrición infantil. Este fenómeno, que los organismos de control han calificado acertadamente como «el robo a los más vulnerables», parece haber encontrado finalmente un contrapeso en las nuevas estrategias de contratación directa que buscan eliminar a los intermediarios y devolver la dignidad a la mesa de los estudiantes.
La infamia en el PAE
Durante años, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido el escenario de maniobras fraudulentas que desafían la ética más elemental. Entre las modalidades más recurrentes se encuentran las denominadas «raciones fantasma», un esquema donde se facturan alimentos para niños que solo existen en bases de datos adulteradas. A esto se suman los sobrecostos exorbitantes, con registros históricos donde elementos básicos, como una pechuga de pollo, fueron cobrados a precios que superaban los $40.000 pesos colombianos.
Quizás el episodio más indignante ocurrió en Aguachica, Cesar, donde se documentó mediante video cómo se obligaba a los niños a posar con platos rebosantes para una fotografía de control, solo para que, segundos después, la comida les fuera arrebatada y reemplazada por porciones ínfimas. Este cuadro de desidia se completa con la entrega de alimentos en condiciones deplorables, incluyendo productos vencidos o carnes no aptas para el consumo humano.
Vigilancia y sombras
A pesar de los esfuerzos por sanear el programa, los reportes de la Contraloría General de la República y la Procuraduría al corte de abril de 2026 mantienen encendidas las alarmas. Actualmente, se investigan presuntas irregularidades que comprometen más de $18.000 millones de pesos, relacionadas principalmente con fallas contractuales y la precarización laboral de las manipuladoras de alimentos.
Resulta paradójico que, aunque el presupuesto nacional para este rubro se duplicó —alcanzando la cifra de $3 billones de pesos—, la cobertura efectiva ha disminuido en cerca de 237.000 niños en diversas entidades territoriales. Sumado a esto, se han denunciado contratos por $2.200 millones destinados a fines propagandísticos, desviando fondos que deberían garantizar el bienestar nutricional de la infancia.
Blindaje necesario
Frente a este oscuro panorama, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha impulsado con vigor el modelo de Compras Públicas Locales. Esta iniciativa busca desarticular las redes de intermediarios al contratar directamente con las asociaciones campesinas y consejos comunitarios.
Los resultados preliminares a finales de abril de 2026 son alentadores: en regiones tradicionalmente golpeadas como La Guajira, más de 12.000 niños ya reciben alimentos frescos bajo este esquema. En Riohacha, la firma de 12 contratos directos asegura que el presupuesto llegue íntegramente al productor rural, garantizando la calidad de la minuta alimentaria. Del mismo modo, en el departamento de Nariño, el modelo beneficia a 6.000 menores en 24 municipios, consolidando un blindaje contra las mafias locales.
Este tránsito hacia la soberanía alimentaria y la transparencia contractual no solo dinamiza la economía del campo, sino que representa la esperanza de erradicar definitivamente la corrupción de los comedores escolares, asegurando que el futuro de Colombia no vuelva a ser objeto de negociaciones ilícitas.