Evidencias recientes sugieren que las irregularidades en la UNGRD tienen raíces profundas en el gobierno de Iván Duque, mediante dinámicas de contratación cuestionables. Estas revelaciones han situado la gestión de Eduardo José González bajo un riguroso escrutinio judicial y periodístico debido a contratos firmados de manera apresurada.

Rafael Camargo Vásquez

Judicial

El debate sobre la integridad en la administración pública colombiana ha tomado un nuevo y crítico giro tras el surgimiento de evidencias que sitúan el origen de las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el periodo del expresidente Iván Duque. Investigaciones recientes sugieren que, lejos de ser un fenómeno aislado, se establecieron dinámicas de contratación cuestionables que hoy son objeto de un riguroso escrutinio judicial y periodístico.

En el centro de esta controversia se halla la gestión de Eduardo José González, conocido como «El Mono», quien habría liderado una frenética suscripción de contratos en los meses finales de su administración. Estas firmas masivas, realizadas precisamente cuando la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño era inminente, han despertado sospechas sobre una presunta intención de comprometer recursos estatales antes del relevo de mando. Según las pruebas recaudadas, múltiples procesos se ejecutaron «a las carreras», omitiendo requisitos técnicos y de transparencia que son fundamentales para la salvaguarda del patrimonio público y la gestión efectiva del riesgo.

La relevancia de este caso adquiere hoy una dimensión política trascendental, dado que González forma parte activa de la campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia. Este vínculo ha intensificado el clamor por una investigación exhaustiva que determine su responsabilidad en lo que analistas califican como una etapa de corrupción estructural con especial intensidad en entidades con presupuestos de emergencia. Mientras las autoridades profundizan en las auditorías de estos contratos heredados para cuantificar el daño patrimonial, la opinión pública demanda claridad sobre si estas prácticas del pasado pretenden encontrar refugio o continuidad en las actuales aspiraciones electorales del sector que representa la senadora Valencia.