Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y otrora gerente de la campaña «Petro Presidente»
Rafael Camargo Vásquez
Judicial
En una jornada decisiva para el panorama judicial y corporativo del país, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y otrora gerente de la campaña «Petro Presidente», compareció ante las autoridades para responder por los señalamientos de irregularidades en la financiación de la contienda electoral de 2022. Con una postura técnica y serena, el alto ejecutivo rechazó de manera enfática los cargos imputados, dando inicio a una nueva etapa en este proceso de alto perfil.
La estrategia de la defensa
Roa basó su declaratoria de inocencia en la solidez de los controles internos de la campaña. Según la defensa, todos los movimientos financieros se ciñeron estrictamente a la ley electoral colombiana.
«No existen pruebas contundentes que demuestren dolo o una intención deliberada de ocultar información», sostuvieron sus abogados, argumentando que la gestión de Roa se caracterizó por el cumplimiento de los límites permitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los ejes del cuestionamiento
La Fiscalía y el CNE mantienen sus pesquisas sobre tres puntos que se consideran críticos para determinar si hubo una violación de los topes de gasto:
La trazabilidad de los 500 millones de pesos donados por Fecode y los fondos provenientes de la Unión Sindical Obrera (USO).
La discrepancia entre los costos reales de los servicios de transporte y los montos declarados oficialmente.
La presunta existencia de ingresos que no figuraron en los libros contables presentados ante las autoridades.
Respaldo corporativo
La situación del ejecutivo no solo impacta la esfera política, sino que proyecta sombras sobre Ecopetrol. Analistas de mercado advierten que la persistencia de esta duda jurídica podría influir en la confianza de los inversionistas internacionales y en la estabilidad de la acción en las bolsas de Nueva York y Bogotá.
Pese a las voces que exigen su dimisión, la junta directiva de la petrolera ha decidido mantener su respaldo al ejecutivo. Por su parte, Roa ha sido tajante al respecto:«Mi compromiso con la transparencia es total, pero no permitiré que se utilice mi gestión en la campaña para desestabilizar el gobierno o la empresa más importante de los colombianos».
Con la no aceptación de cargos, el proceso avanza hacia un juicio público donde la Fiscalía deberá exponer su material probatorio, mientras la defensa de Roa se prepara para desvirtuar las acusaciones en los estrados.