La superintendente María José Navarro calificó de «extrema gravedad» un crédito de 221 mil millones de pesos en Coosalud, desmintiendo que se trate de un trámite contable ordinario.Esta falta de transparencia en el flujo de recursos, según la funcionaria, carece de justificación y pone en riesgo la estabilidad del servicio para millones de usuarios.

Rafael Camargo Vásquez

Investigaciones 

El panorama de la salud en Colombia enfrenta uno de sus episodios más sombríos en este 2026. Lo que inició como una revisión rutinaria a las finanzas de Coosalud ha mutado en un pulso institucional sin precedentes, donde la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Supersalud han cerrado filas contra la cúpula de la entidad ante evidencias de una gestión, a todas luces, irregular. Siembargo los directivos se niegan a dar la cara.

El enigma de los 221 mil millones

El epicentro de la controversia es una operación de crédito por 221 mil millones de pesos, movimiento que la superintendente María José Navarro ha calificado de «extrema gravedad». Mientras la directiva de la EPS intenta barnizar la transacción como un «procedimiento contable estándar», Navarro ha sido tajante al desmentir dicha versión, advirtiendo que el flujo de estos recursos carece de una justificación transparente y pone en jaque la estabilidad de los servicios para millones de afiliados.

Radiografía de una red de desvío

La intervención técnica ha desentrañado una estructura que las autoridades no dudan en señalar como una red de corrupción. Los hallazgos forenses revelan giros directos a terceros ajenos al sector salud, una concentración sistemática de pagos en IPS vinculadas a los propios directivos de la entidad y sobrecostos en medicamentos que alcanzan un escandaloso 30%. Este esquema sugiere que los recursos públicos del ADRES fueron desviados mediante conflictos de intereses y favorecimientos ilícitos.

Espectro de la insolvencia

La respuesta del Estado no se ha hecho esperar: la intervención forzosa está activa y la junta directiva ha sido removida de sus cargos. No obstante, el aire que se respira en la red de hospitales y clínicas es de profunda incertidumbre. El temor por el impago de carteras pendientes crece, mientras expertos advierten que, de confirmarse la malversación de los fondos, Coosalud enfrentaría un vacío patrimonial que la dejaría al borde de la insolvencia definitiva.

La defensa y el desenlace judicial

Desde la otra orilla, la defensa de la EPS sostiene que las cifras han sido «sacadas de contexto» y denuncia una supuesta «persecución administrativa». Argumentan que los fondos cuestionados se destinaron al saneamiento de deudas hospitalarias; sin embargo, la contundencia de los entes de control parece indicar lo contrario. Este caso se perfila como la «prueba de fuego» para la justicia colombiana, con la sombra de la Fiscalía General de la Nación proyectándose sobre los implicados bajo cargos de peculado y fraude procesal.