El ministro Sánchez Suárez enfatizó que las tropas tienen la orden perentoria de reprimir con contundencia cualquier manifestación delictiva y proteger a la población civil. Asimismo, desmintió restricciones operativas exponiendo como defensa las cifras oficiales de incautación de estupefacientes y neutralización de cabecillas.

Rafael Camargo Vásquez

Bogotá

El panorama de la seguridad ciudadana y el orden público en Colombia se encuentra en el centro de un encendido debate político y militar tras las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. Durante un debate de control político y en declaraciones a medios de comunicación, el jefe de la cartera recurrió a un tono inusualmente enérgico para desmentir las narrativas que aseguran que las Fuerzas Militares (FF.MM.) y la Policía Nacional se encuentran maniatadas por directrices gubernamentales en el marco de la política de «Paz Total».

En un calificativo contundente, el alto funcionario tildó directamente de «mentirosos» a los líderes políticos, gobernadores y opinadores que sostienen de manera sistemática que los soldados y policías de la patria carecen de libertad de acción para combatir a las organizaciones criminales y grupos armados organizados.

Sánchez Suárez enfatizó que la orden presidencial es perentoria: ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de Defensa han emitido jamás una directriz que prohíba a las tropas actuar en defensa de la población civil o abstenerse de combatir las economías ilegales. Al contrario, insistió en que la instrucción vigente es la de reprimir con contundencia cualquier manifestación delictiva, exponiendo como defensa los resultados operativos en cifras oficiales de incautación de estupefacientes, destrucción de laboratorios de cocaína y neutralización de cabecillas.

El origen de la narrativa sobre la parálisis operativa

El malestar del jefe de la cartera ministerial responde a una serie de críticas recurrentes que han tomado fuerza en el debate público, impulsadas principalmente por mandatarios locales y sectores de la oposición:

Los críticos del Gobierno argumentan que los decretos de cese al fuego pactados en las mesas de negociación con grupos como el Eln o el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC) han generado confusión jurídica y operativa en las tropas, lo que en la práctica habría limitado su capacidad de reacción inmediata ante extorsiones, confinamientos y paros armados.

Gobernadores de departamentos fuertemente golpeados por la violencia —como Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y el departamento del Meta— han reclamado de manera constante que las autoridades locales se sienten desprotegidas. Afirman que la percepción de inseguridad rural ha aumentado debido a la audacia con la que actúan los grupos ilegales frente a unas patrullas militares que, según ellos, actúan bajo excesiva prudencia para no romper los diálogos de paz.

Análisis del impacto sectorial 

Ante esta coyuntura, la firma de análisis de riesgo y entorno regulatorio perServicios emitió un pronunciamiento técnico valorando las implicaciones de este choque discursivo en la estabilidad operativa de las empresas e infraestructuras del país:

Desde la perspectiva de la consultora, el cruce de acusaciones entre el Ministerio de Defensa y los líderes regionales agudiza la falta de coordinación institucional, lo que debilita la confianza de los inversionistas y de los gremios productivos (como el de la infraestructura, el transporte y el sector energético) que operan en zonas de alta complejidad.

Más allá de la validez de los calificativos políticos, se requiere con urgencia una unificación de criterios en las reglas de enfrentamiento y una pedagogía jurídica transparente hacia los comandantes de brigada y estación. Esto evitaría que el legítimo temor a investigaciones disciplinarias o penales paralice la iniciativa táctica en el terreno de operaciones.

La firma advierte que mientras el debate se mantenga en el plano de la retórica mediática, los sectores vulnerables al flagelo de la extorsión y el boleteo seguirán percibiendo un vacío de autoridad, por lo que es indispensable traducir la vehemencia verbal del ministro en planes de control territorial visibles y coordinados con las autoridades civiles locales.