El Gaula capturó en flagrancia al abogado Óscar Barrero en Ibagué cuando recibía parte de una extorsión de 100 millones de pesos exigida al senador electo Alejandro Bermeo. El chantaje buscaba frenar una denuncia por abuso sexual mediante pagos fraccionados, de los cuales el congresista alcanzó a desembolsar 17,7 millones de pesos.

Las autoridades judiciales se enfrentan a un complejo cruce de denuncias: mientras un abogado va a prisión por chantaje, la Fiscalía abre indagación formal contra el congresista por un presunto delito sexual.

Álvaro Fernando Marín Fuentes

IBAGUÉ.

El caso que involucra al senador electo por el partido Salvación Nacional, Alejandro Bermeo, y al abogado Óscar Alfonso Barrero Torres, ha puesto a la administración de justicia ante un agudo dilema procesal y penal. Las autoridades ahora deben avanzar en dos líneas investigativas paralelas y autónomas que caminan sobre la delgada línea entre el chantaje económico y la presunta comisión de un delito de lesa humanidad como lo es el acceso carnal violento.

Por un lado, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del litigante Barrero Torres, capturado en flagrancia por el Gaula de la Policía en el centro comercial La Estación, cuando presuntamente recibía dinero producto de una extorsión. Por el otro, la Fiscalía General de la Nación confirmó que la denuncia por abuso y violencia sexual en contra del parlamentario electo ya fue radicada de manera oficial, lo que obliga al ente acusador a investigar a fondo la veracidad de la agresión sexual, independientemente del método ilegal que habría usado el abogado para negociar el silencio.

El origen del dilema

De acuerdo con el expediente, el dilema judicial radica en cómo una presunta agresión sexual terminó convertida en una transacción comercial. Barrero Torres, valiéndose de un poder legal conferido por una joven, presuntamente prefirió el chantaje antes que las vías institucionales.

Para mantener una «guardada de silencio absoluta», abstenerse de interponer la acción penal y entregar el teléfono celular con las supuestas evidencias, el procesado le exigió a Bermeo la suma de 100 millones de pesos.

Antes de acudir a las autoridades para denunciar la extorsión, el congresista electo alcanzó a realizar tres desembolsos que sumaron 17 millones 700 mil pesos:

Un primer giro de 10 millones de pesos.

Un segundo pago de 3 millones de pesos.

Una entrega final en efectivo de 4 millones 700 mil pesos, momento exacto en el que intervinieron los agentes encubiertos del Gaula.

Dos caminos penales independientes

El reto para la Fiscalía y los jueces penales radica en que una conducta no anula la otra. Aunque el abogado Óscar Alfonso Barrero Torres permanezca tras las rejas enfrentando un juicio por extorsión (delito por el cual no aceptó cargos), la corte y la Fiscalía General de la Nación deberán esclarecer si el senador electo cometió o no el presunto abuso sexual.

Juristas penalistas señalan que este escenario divide el proceso en dos realidades: el reproche absoluto a la extorsión como método de chantaje por parte de un profesional del derecho, y la obligación ineludible del Estado de garantizar los derechos de la presunta víctima de violencia de género, cuya denuncia hoy sigue su curso legal de forma independiente.

Varios medios de comunicación del departamento  del Tolima han presentado videos y chat supuestamente del senador electo y la presunta víctima.