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Tragedia nacional: El ICBF Y EL PROCURADOR ELJACH REPUDIAN EL ASESINATO DE 11 MENORES EN GUAVIARE

La tragedia en el departamento del Guaviare ha encendido las alarmas de los organismos de control y de protección de los derechos humanos, los cuales exigen una intervención urgente e integral por parte del Gobierno Nacional y la fuerza pública. Foto Internet.

 

Luis Eduardo Romero

Región 

El país enfrenta una profunda conmoción nacional tras conocerse la trágica muerte de 11 menores de edad en la zona rural de San José del Guaviare, hecho que provocó el rechazo vehemente y la indignación unánime de diversos estamentos del Estado. Tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como la Procuraduría General de la Nación han alzado su voz para condenar de manera tajante este suceso, el cual pone de manifiesto la degradación del conflicto armado y la vulneración sistemática de los derechos de la infancia en el territorio nacional.

Por un lado, el ICBF manifestó su más enérgico repudio ante el fallecimiento de los menores y exigió de forma perentoria a los grupos armados ilegales frenar de inmediato el reclutamiento forzado infantil, una práctica criminal que sigue cobrando vidas inocentes en las regiones periféricas. A este clamor institucional se sumó el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien rechazó de manera categórica el asesinato de estos 11 menores, cuya muerte se produjo en medio de cruentos e implacables enfrentamientos armados entre las disidencias de las FARC comandadas por alias ‘Iván Mordisco’ y la facción liderada por alias ‘Calarcá’.

La tragedia en el departamento del Guaviare ha encendido las alarmas de los organismos de control y de protección de los derechos humanos, los cuales exigen una intervención urgente e integral por parte del Gobierno Nacional y la fuerza pública. Las autoridades instan a que no solo se persiga a los responsables de estos crímenes de guerra, sino que se implementen medidas eficaces de prevención y protección en las escuelas y comunidades rurales, con el fin de evitar que la niñez colombiana siga siendo utilizada como carne de cañón en las disputas territoriales de los grupos al margen de la ley.