Mientras las drogas golpean con fuerza a Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia rechazan las intervenciones del Gobierno Nacional, argumentando que liberar sectores mediante pactos con bandas carcelarias legitima el crimen y suplanta las funciones exclusivas de la Fuerza Pública.

Redacción Periodística

Medellín- Antioquia

El reciente anuncio del pasado 28 de mayo oficializó la reanudación del Espacio de Conversación Sociojurídica en Medellín y el Valle de Aburrá, una mesa que había permanecido suspendida desde abril debido a los polémicos escándalos y festejos clandestinos en la cárcel de Itagüí. Lejos de traer calma, la reactivación del proceso ha avivado con fuerza el choque político y técnico entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales.

Mientras la delegación de la Presidencia y los voceros de las estructuras urbanas presentan como grandes hitos la reducción histórica de homicidios y planes comunitarios concretos —como el programa de «Territorios Libres de Drogas» en el Parque Bicentenario o las campañas contra el consumo de tusi—, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mantienen una postura de abierta e inflexible confrontación hacia estos mecanismos.

La estrategia de deslegitimación

El principal argumento de Gutiérrez y Rendón para contrarrestar los anuncios del Espacio de Conversación consiste en restarle validez política e institucional a los acuerdos allí alcanzados, basándose en dos frentes conceptuales:

El contra-relato de la reducción de la violencia: Mientras el comunicado del Gobierno atribuye la baja de los indicadores de criminalidad al compromiso de las bandas recluidas en Itagüí, el alcalde de la capital antioqueña sostiene firmemente que la tranquilidad de la ciudad se debe de forma exclusiva a la operatividad de la Policía Metropolitana y de la Fiscalía General de la Nación. Desde la perspectiva de Gutiérrez, atribuirle la paz a las estructuras delincuenciales constituye una «claudicación del Estado» que les entrega control social y legitimidad política.

El choque por los «Territorios Libres de Drogas»

 El anuncio de que las bandas coordinarán planes para liberar del tráfico de estupefacientes zonas neurálgicas como el Parque Bicentenario (Comuna 10) o diversos sectores de la Comuna 8 ha sido calificado por la Gobernación y la Alcaldía como una aberración jurídica. Los mandatarios regionales argumentan que el control del espacio público y la persecución del narcotráfico son facultades exclusivas de las autoridades legítimas. Permitir que las organizaciones criminales decidan dónde se vende y dónde no, a ojos de la oposición local, equivale a cohonestar las zonas de control y las fronteras invisibles que esas mismas estructuras manejan.

Ofensiva institucional para neutralizar el proceso de paz

Los mandatarios antioqueños no se limitan a la retórica mediática; ejecutan medidas administrativas, judiciales y de fuerza para marcar distancia y presionar el cierre definitivo de estas mesas de diálogo:

Boicot administrativo y exclusión local

La Alcaldía de Medellín mantiene la directriz perentoria de no participar, no financiar y no enviar delegados locales a ninguna de las mesas de diálogo sociojurídico. Gutiérrez ha insistido en que su administración jamás se sentará con «victimarios que siguen extorsionando al comerciante y al transportador desde las cárceles». Esta postura fragmenta por completo la articulación institucional, dejando a iniciativas como el anunciado «Mundialito por la Paz Urbana» —programado para el 13 de junio— o las intervenciones en entornos escolares, sin el respaldo de las secretarías de Seguridad, Inclusión Social o Cultura de la ciudad.

Arremetida de seguridad en las zonas de impacto del acuerdo

La respuesta regional en el plano físico es inmediata. Horas después de que las delegaciones de paz anuncian planes comunitarios o zonas de desescalamiento del conflicto —como los sectores de Toscana, Playita o La Paralela—, la Alcaldía y la Gobernación suelen ordenar megasoperativos de control policial e intervenciones relámpago del Ejército Nacional en esos mismos puntos. La estrategia busca demostrar ante la opinión pública que el control territorial es estrictamente institucional y no el resultado de una tregua pactada en una mesa carcelaria.

Contrapeso regional frente a las líneas del Gobierno

El choque de visiones se traduce en bloqueos específicos frente a cada iniciativa del Gobierno Nacional:

En primer lugar, ante la intervención comunitaria contra el tusi y el microtráfico en el Parque Bicentenario, las autoridades locales responden con una intervención policial autónoma y capturas en flagrancia, bajo la premisa de que «la ley no se negocia ni se sectoriza con criminales».

En segundo lugar, frente a los eventos juveniles como el «Mundialito por la Paz Urbana», la administración local ejerce un bloqueo de infraestructura, interponiendo trabas o negando el uso de los escenarios deportivos públicos administrados por el INDER Medellín, al estar vinculados directamente a la agenda de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz de la Presidencia.

Por último, frente al modelo de inclusión social enfocado en los jóvenes del conflicto urbano, la Gobernación y la Alcaldía exigen un sometimiento estricto a la justicia ordinaria con penas de cárcel y reparación monetaria real, rechazando de plano los subsidios económicos directos, política que la oposición regional tilda de «pagar por no matar».

Un panorama de incertidumbre territorial

Esta oposición radical de los gobernantes de Antioquia y Medellín genera un escenario que diversos analistas califican de «esquizofrenia institucional» en el territorio. Mientras el Gobierno de la República avanza en el diseño de un Acuerdo para la Paz Urbana e invita a la sociedad civil a respaldarlo, las autoridades que poseen el mando legal de la policía local y el gasto de los presupuestos municipales marchan en la dirección opuesta, promoviendo una agenda de seguridad de corte netamente punitivo.

Esta profunda falta de articulación entre el centro y la región pone en constante riesgo la viabilidad a largo plazo, la sostenibilidad jurídica y la aplicación real en las calles de lo que se pacta a puerta cerrada en el centro penitenciario de Itagüí.

El Poblado, el exclusivo sector de Medellín que se convirtió en el epicentro del turismo sexual (y la explotación) que desborda la ciudad.