Frente a los riesgos éticos de la inteligencia artificial y el procesamiento masivo de datos, la Ley 2573 de 2026 redefine el hábeas data en Colombia. Esta norma blinda la dignidad e intimidad de los ciudadanos, ofreciendo un escudo jurídico inmediato contra la suplantación de identidad digital y los sesgos algorítmicos.

Hernán Alejandro Olano García,

Catedrático de Derecho Procesal Constitucional

La transformación digital ha dejado de ser una promesa de eficiencia para convertirse en un terreno de profundas tensiones éticas y jurídicas. En una era donde la inteligencia artificial (IA), el procesamiento masivo de datos (big data) y la automatización de decisiones dictan el rumbo de la sociedad, los derechos más íntimos del ciudadano quedan expuestos. La dignidad humana, el buen nombre y la intimidad ya no solo se defienden en las calles o en los despachos judiciales tradicionales; ahora se disputan en el código de los algoritmos.

Frente a esta realidad, Colombia da un paso crucial con la reciente expedición de la Ley 2573 de 2026, una norma que redefine las reglas de juego del hábeas data, blindando a los ciudadanos ante flagelos contemporáneos como la suplantación de identidad digital y los sesgos de la IA.

Del papel al entorno digital: la mutación del Hábeas Data

El derecho a conocer, actualizar y rectificar la información personal recopilada en archivos públicos y privados no es nuevo en el país; su raíz está firmemente plantada en el artículo 15 de la Constitución Política de 1991. A lo largo de más de tres décadas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional —a través de sentencias emblemáticas como la T-414 de 1992 o la SU-082 de 1995— esculpió el concepto de «autodeterminación informativa»: la facultad soberana de cada individuo para controlar la circulación de sus propios datos.

Sin embargo, el marco normativo clásico diseñado por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 ha empezado a quedarse corto ante tecnologías capaces de predecir el comportamiento humano. La influencia del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea ha sido clave para entender que la privacidad actual exige «responsabilidad proactiva» y una transparencia algorítmica total. Hoy, el desafío constitucional no radica únicamente en vigilar dónde se guardan los datos, sino en intervenir los procesos de inferencia y las decisiones automatizadas que definen el destino de una persona.

Los sesgos del código y la tiranía del algoritmo

La inteligencia artificial promete optimizar procesos a gran escala, pero su uso sin control humano encierra peligros latentes: discriminación automatizada, perfilamientos indebidos, manipulación conductual y vigilancia masiva. Cuando un sistema de IA es entrenado con datos históricamente sesgados, el algoritmo tiende a reproducir y multiplicar esas injusticias, afectando de manera directa el acceso de los ciudadanos al crédito bancario, al empleo, a la educación superior o a los servicios públicos esenciales.

Desde la perspectiva del Derecho Procesal Constitucional, resulta inadmisible que una máquina dicte sentencias comerciales o sociales sin el debido proceso. Es allí donde la gobernanza digital exige tres pilares inquebrantables: la «explicabilidad» (saber cómo piensa la máquina), la auditoría constante de los códigos y, por encima de todo, un control humano significativo.

Ley 2573 de 2026: un escudo contra el fraude y la suplantación

La recién sancionada Ley 2573 de 2026 aparece como una respuesta directa a la criminalidad digital. Su principal foco es la protección integral de las víctimas de suplantación de identidad, un delito disparado por técnicas de ingeniería social y clonación de datos.

La nueva legislación introduce conceptos clave como «ciberseguridad» y «seguridad digital» dentro del bloque normativo, pero su mayor virtud es de carácter práctico y procesal: establece la carga dinámica de la prueba y ordena medidas cautelares inmediatas. A partir de su vigencia, los operadores de telecomunicaciones y las entidades financieras están obligados a verificar de forma rigurosa la identidad de los usuarios, congelar inmediatamente los cobros fraudulentos y corregir los reportes negativos en las centrales de riesgo sin que el afectado deba padecer un calvario judicial. Con esto, se protege el historial crediticio de los ciudadanos mientras las autoridades competentes esclarecen las conductas delictivas.

La urgencia de la supervisión humana

La irrupción de estas tecnologías plantea un interrogante definitivo para los tribunales: cuando una decisión automatizada genera un daño irreparable a un ciudadano, ¿quién asume la responsabilidad jurídica? ¿El programador que diseñó el código, el proveedor tecnológico que lo vendió o la entidad que lo implementó de forma descuidada?

La respuesta constitucional no admite ambigüedades y debe gravitar siempre en torno a la centralidad de la persona humana. Ningún algoritmo, por avanzado que sea, puede sustituir la responsabilidad institucional ni eximir al Estado o a los particulares de garantizar los derechos fundamentales. La supervisión humana sustancial no es un capricho técnico, sino una exigencia obligatoria derivada del modelo de Estado Social de Derecho.

En definitiva, la democracia contemporánea depende cada vez más de nuestra capacidad colectiva para someter la tecnología a los límites de la Constitución, garantizando que el progreso digital avance siempre al servicio de la libertad y nunca en detrimento de la condición humana.