Tribunal ordena a Abelardo De la Espriella retirar toda la propaganda que use símbolos patrios

Wilson Ruiz Orejuela

Hay decisiones judiciales que resuelven controversias concretas y otras que terminan convirtiéndose en tristes símbolos de una época. La reciente medida que restringe el uso de determinados emblemas y elementos de propaganda electoral al candidato presidencial Abelardo de la Espriella no es un asunto menor ni una simple discusión de estética publicitaria. Estamos frente a un hecho que abre un profundo y peligroso debate constitucional sobre la libertad, la identidad política y los límites de la intervención judicial en el corazón de un proceso electoral.

El factor tiempo y la seguridad jurídica

Lo que más inquieta no es solamente el contenido de la medida, sino el momento exacto en que se produce. A pocos días de una elección decisiva para el futuro de la nación, cualquier providencia que altere las condiciones de una campaña produce efectos inmediatos, devastadores y difíciles de revertir.

Por eso resulta inevitable preguntarse: ¿realmente estaban acreditados los requisitos de gravedad, urgencia, inminencia e impostergabilidad que justifican una intervención de semejante alcance? Son interrogantes legítimos que merecen respuestas claras, especialmente cuando lo que está en juego es el derecho de los ciudadanos a participar en una contienda con reglas estables y previsibles.

Genera profunda preocupación que la decisión parezca desconocer por completo la habilitación otorgada en su momento por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el uso de los emblemas y la propaganda del Movimiento Defensores de la Patria. El sistema institucional colombiano asignó competencias específicas a las autoridades electorales precisamente para brindar seguridad jurídica y evitar que las reglas del juego cambien de manera abrupta en plena competencia. Cuando tales atribuciones son desplazadas por otros fueros, la incertidumbre se instala allí donde debería reinar la claridad.

La política se hace con símbolos

Sin embargo, este debate va mucho más allá de una controversia estrictamente técnica. La política también está hecha de símbolos. Los ciudadanos no se identifican únicamente con programas de gobierno abstractos; se conectan con ideas, principios, liderazgos y causas compartidas. Los emblemas de una campaña representan ese cordón umbilical construido entre un candidato y quienes ven en él una alternativa real para el país.

Despojar a una colectividad de esos elementos en la recta final de una elección no es una decisión inocua: tiene consecuencias directas sobre la manera en que una propuesta política se presenta ante la opinión pública.

La democracia colombiana ya ha pagado un precio demasiado alto por cuenta de la intolerancia. Durante décadas, el país fue testigo de cómo las diferencias ideológicas se convertían en motivo de exclusión, persecución e incluso violencia. Precisamente por esa trágica historia, deberíamos ser extremadamente celosos frente a cualquier decisión que limite la expresión política de quienes participan en el debate público. Las sociedades libres no fortalecen sus instituciones restringiendo la competencia; la consolidan garantizando que todas las opciones puedan defender sus tesis en igualdad de condiciones.

La desnaturalización de la tutela

A mi juicio, en este caso se está desnaturalizando la acción de tutela. Este mecanismo fue concebido por el constituyente de 1991 como una herramienta extraordinaria para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los asociados, no como un instrumento para sustituir las competencias de las autoridades electorales ni para redefinir las condiciones de una contienda presidencial en sus días más cruciales. Cuando la excepcionalidad se convierte en regla de juego, las instituciones terminan perdiendo las fronteras que les otorgan legitimidad.

Más allá de las interpretaciones jurídicas y de los argumentos procesales, hay una realidad política imposible de ignorar: millones de colombianos sienten hoy que esta decisión judicial lesiona la opción con la que han decidido identificarse. Y aunque en democracia nadie tiene garantizado el triunfo en las urnas, todos deben tener garantizado, de forma sagrada, el derecho a competir bajo las mismas reglas.

Las elecciones están diseñadas para que sea el ciudadano quien tenga la última palabra. Esa es la esencia pura del sistema democrático. No son los jueces, ni los gobiernos de turno, ni los organismos de poder quienes deben decidir qué proyecto político merece o no avanzar. Esa determinación corresponde de manera exclusiva al pueblo soberano.

Por eso, este debate trasciende a un candidato, a una campaña y a una coyuntura electoral. Se trata de defender un principio fundacional: que la democracia no puede construirse limitando identidades ni alterando la competencia en el momento más sensible del proceso. Porque cuando una sociedad empieza a normalizar que ciertas voces sean debilitadas antes de ser escuchadas, corre el inminente riesgo de olvidar que la libertad no se pierde de un día para otro; se pierde, justamente, cuando dejamos de defenderla en los momentos en que más la necesita.