Martha Peralta Epieyú, senadora de la República

Javier Sánchez

Política

En un contundente desarrollo judicial vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó una orden de conducción para que la Policía Nacional traslade a la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, con el fin de garantizar su comparecencia presencial en la diligencia de indagatoria.

La determinación, impulsada bajo la óptica de asegurar la continuidad del proceso, contempla el traslado de la congresista guajira a las instalaciones de la Dijín para que se presente ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Fuentes del alto tribunal explicaron que la medida de conducción —que formalmente no equivale a una captura con fines de reclusión permanente, sino a un mecanismo de comparecencia forzosa— se adoptó ante los riesgos procesales evaluados en las últimas horas respecto a su asistencia.

Contratos y acuerdos políticos

El expediente penal contra la legisladora se ha venido robusteciendo tras las delaciones de los antiguos directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como las declaraciones de María Alejandra Benavides. La tesis que maneja la magistratura apunta a que Peralta habría utilizado su influencia política para presuntamente direccionar la contratación pública de la entidad en beneficio de cuotas legislativas.

Las principales líneas de investigación se concentran en dos frentes sectoriales:

• Contratos de maquinaria amarilla: Se indaga el presunto direccionamiento de un convenio por un valor estimado en «2.170 millones de pesos» destinado a atender las emergencias viales en el departamento de La Guajira, fortín político de la senadora.

• Acuerdos en debates de control: De acuerdo con los testimonios que reposan en el ente judicial, en junio de 2023 se habrían pactado compromisos burocráticos y la adjudicación de proyectos específicos dentro de la UNGRD a cambio de destrabar el avance de las reformas gubernamentales en el Congreso de la República.

 «Falta de garantías»

Antes de que se hiciera efectiva la medida de conducción de las autoridades, la senadora Martha Peralta manifestó públicamente su rechazo a las dinámicas del proceso, aseverando que existe una «evidente falta de garantías y una flagrante violación al debido proceso» a raíz de las constantes filtraciones periodísticas de las piezas procesales.

«Llevo meses siendo blanco de una campaña sistemática de mentiras y estigmatización por defender las reformas del cambio desde el Congreso. No me van a intimidar», sostuvo la congresista mediante sus plataformas oficiales.

La defensa de la parlamentaria ha recalcado que Peralta comparecerá y responderá ante los magistrados con el objetivo de demostrar que «nunca ha intervenido en la adjudicación de contratos ni ha solicitado favores para terceros», desestimando las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD al calificarlas como versiones interesadas en conseguir beneficios penales a costa de su nombre.