Cien combatientes de la Coordinadora Nacional de la Segunda Marquetalia entregaron sus armas en el Putumayo tras dos años de diálogos gubernamentales. Los desmovilizados fueron trasladados en helicóptero a una zona de preconcentración en el Valle del Guamuez para formalizar su transición a la vida civil.

Luis Eduardo Romero

Putumayo

En un hecho de honda relevancia para la estabilización del suroccidente del país, un contingente de cien hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano —estructura que agrupa a los Comandos de la Frontera bajo la sombrilla de la llamada Segunda Marquetalia— protagonizó un histórico acto de dejación de armas y transición formal hacia la vida civil en el departamento de Putumayo.

El desarme se consolidó tras dos años de complejas aproximaciones y mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. Bajo estrictos protocolos de seguridad, los combatientes fueron trasladados en helicóptero desde distintos puntos periféricos del departamento hacia una zona de preconcentración en el municipio de Valle del Guamuez, donde procedieron a despojarse de sus fusiles, municiones, material de intendencia y uniformes camuflados ante los delegados internacionales y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Un modelo de desarme «gradual e incremental»

A diferencia del esquema general unificado empleado en el proceso de paz de 2016 con las extintas FARC, la actual delegación gubernamental, liderada por Armando Novoa, ha defendido para este caso un modelo de «dejación de armas gradual e incremental». Esta estrategia busca desescalar de forma progresiva las denominadas «gobernanzas criminales» en regiones críticas, considerando que los informes de inteligencia estiman que la Coordinadora Nacional cuenta con una fuerza global aproximada de «1.800 integrantes» en armas repartidos entre los departamentos de Nariño y Putumayo.

Los detalles logísticos y operativos que marcan el funcionamiento de este proceso se estructuran de la siguiente manera:

• La Zona de Ubicación Temporal (ZUT): Los cien excombatientes ya se encuentran asentados en un predio arrendado de seis hectáreas en Valle del Guamuez, alejado de los cascos urbanos para evitar fricciones con las comunidades locales. El complejo cuenta con infraestructura básica de alojamiento, aulas de capacitación, cocinas y enfermería.

• Vigencia y seguridad estatal: El espacio tendrá una vigencia inicial de «diez meses». Al interior rigen con exclusividad las leyes del Estado social de derecho; por ende, la seguridad perimetral externa está bajo el control del Ejército y la Policía Nacional, mientras que el orden interno y la protección de los firmantes corre por cuenta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

• Destrucción del arsenal: El armamento inventariado y entregado al mecanismo de verificación será traspasado formalmente a las Fuerzas Públicas de la Nación para su posterior fundición y destrucción definitiva.

• Monitoreo permanente: Para prever cualquier alteración del orden público o incumplimiento de lo pactado, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la localidad vecina de La Hormiga.

La sombra judicial de alias «Araña»

Pese al optimismo del Ejecutivo, el proceso avanza bajo una marcada complejidad jurídica y política. Aunque los combatientes recibieron directrices de reincorporación por parte de su principal cabecilla, Giovanni Rojas, alias Araña, este se encuentra recluido en un centro penitenciario y afronta un pedido de extradición hacia los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Por disposición presidencial, dicha extradición permanece temporalmente suspendida y condicionada al éxito rotundo y los avances verificables de la agrupación en este espacio de paz.

Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación inició la revisión detallada de las identidades de los cien firmantes concentrados en la ZUT, con el propósito de resolver de manera individualizada su situación jurídica y verificar si dentro del grupo existen antiguos guerrilleros reincidentes, condición que, bajo el marco legal vigente, les impediría acceder a los beneficios jurídicos ordinarios del proceso de paz.