El presididente Gustavo Petro, con el senador estadounidense por el Partido Republicano, Bernie Moreno.

Armando Melèndez

Polìtica

El tablero político y diplomático que une a Bogotá con Washington ha registrado un viraje de profunda significación. El senador estadounidense por el Partido Republicano, Bernie Moreno, de visita en el país en calidad de observador internacional, ha sugerido públicamente la viabilidad de que el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, así como su núcleo familiar y sus colaboradores más cercanos, sean removidos del listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocido históricamente como la «Lista Clinton».

Las precisiones de Washington

En declaraciones ofrecidas a destacados medios de comunicación locales, el legislador de origen colombo-estadounidense tasó la eventual exclusión como un escenario «bastante probable», estimando que el trámite administrativo correspondiente podría concretarse en un lapso de entre cinco y seis semanas.

No obstante, Moreno supeditó este avance a las garantías institucionales del país y al talante de la administración saliente:

• Una transición pacífica: El senador norteamericano enfatizó que las semanas venideras resultarán cruciales y estarán supeditadas al correcto desenvolvimiento del empalme técnico y a la entrega pacífica y ordenada del poder al mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

• Aparición de un tono conciliador: En un gesto de distensión diplomática, Moreno aseveró: «El presidente Petro quiere mucho a Colombia, quiere mucho al pueblo de Colombia y yo creo que va a garantizar que todo salga bien».

Génesis de la sanción: Conviene recordar que el presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el exembajador Armando Benedetti fueron incluidos en dicho listado en octubre de 2025 por disposición del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el marco de una etapa de álgida tensión bilateral bajo la administración de Donald Trump.

Receptividad y lectura ideológica en la Casa de Nariño

La respuesta de la jefatura de Estado no se hizo esperar. A través de un profuso mensaje en su cuenta oficial de la plataforma X, el presidente saliente acogió con beneplácito el anuncio y expresó su gratitud ante el pronunciamiento del congresista republicano.

El mandatario insistió en que la sanción impuesta en su momento por Washington constituyó una medida «injusta», reconociendo los severos costos reputacionales y personales que supuso para su fuero íntimo. Asimismo, Petro ofreció una lectura ideológica al viraje de la Casa Blanca, interpretándolo como una validación de su proyecto político: «Significa de parte de EE. UU. que entiende que ya el progresismo no es arrasable, que ahora pueden es enfrentarse, ya no a guerrilleros insurgentes sino a pueblos de millones de personas».

El matiz técnico: Llamado a la cautela jurídica

Frente al optimismo macro del senador Moreno y la complacencia del Ejecutivo colombiano, expertos en derecho internacional y antiguos funcionarios federales estadounidenses han instado a observar la prudencia respecto a la perentoriedad de los plazos.

John Smith, exdirector de la OFAC, precisó ante la prensa nacional que, si bien la desincorporación de un individuo de la «Lista Clinton» responde a facultades discrecionales del gobierno de los Estados Unidos y puede acelerarse si media una voluntad política clara, «no existe un plazo fijo garantizado». A juicio del experto, delimitar el desenlace del proceso a un margen estricto de cinco o seis semanas reviste un carácter especulativo, toda vez que las agencias federales ponderan minuciosos informes de inteligencia y verificaciones legales antes de refrendar cualquier exclusión en firme.