Tras la medida cautelar de la Supersalud por fallas en el servicio del Magisterio, la Fiduprevisora aclaró que el requerimiento busca optimizar el Fomag y que sus operaciones financieras continúan funcionando con total normalidad.
Si se consolidan todas las líneas de investigación penal, los hallazgos fiscales y los contratos suspendidos por alertas de fraude, la cifra total bajo la lupa de las autoridades asciende a más de 3.5 billones de pesos ($3.500.000.000.000).
Javier Sánchez
Centro de Investigaciones
Primicia Diario
La fiduciaria estatal Fiduprevisora S.A. se ha convertido en el epicentro de un complejo entramado de investigación judicial, disciplinaria y fiscal. Los expedientes, que inicialmente apuntaban a fallas administrativas en la contratación interna, escalaron hasta salpicar a altos funcionarios del actual Gobierno Nacional, directivos de la entidad y a influyentes figuras de la política que conectan este escándalo con dinámicas de poder del pasado y del presente.
Benedetti y Sarabia bajo la lupa
Más allá de los mandos técnicos, las agencias de control e investigación penal indagan las líneas de influencia que cruzan administraciones anteriores y el actual Gobierno en el manejo presupuestal de la fiduciaria:
Armando Benedetti y las redes de Gobiernos pasados: Informes de inteligencia y denuncias de veedurías ciudadanas rastrean cómo clanes políticos tradicionales vinculados a Benedetti —quien ha navegado por el Congreso en anteriores periodos presidenciales y en el actual Ejecutivo— habrían mantenido cuotas e influencia en las subcuentas del magisterio y de salud. Se investiga si parte de los pools de abogados que tramitaron las polémicas demandas en el Eje Cafetero obedecían a estas antiguas estructuras de poder regional.
Laura Sarabia y el control en el Gobierno Petro:Como mano derecha de la Presidencia de la República y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Sarabia es objeto de verificación por parte de entes de control debido a su presunto rol en la postulación y respaldo de fichas clave en las altas direcciones de la Fiduprevisora y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La investigación penal busca establecer si hubo interferencia o presiones políticas desde su despacho para direccionar la millonaria contratación tecnológica o acelerar determinados giros presupuestales.
El desfalco millonario en las pensiones del FOMAG
El proceso de mayor gravedad penal se relaciona con pagos presuntamente irregulares que superan los $260.000 millones de pesos, destinados a primas de mitad de año para docentes jubilados. Según el expediente, se habría filtrado información reservada de las bases de datos a bufetes externos para promover «demandas ejecutivas exprés» ante juzgados de Armenia y el Eje Cafetero, cobrando millonarias sumas sin los requisitos legales.
El eslabón jurídico que conecta la Fiduprevisora con el negocio notarial
El escándalo de corrupción en la fiduciaria estatal Fiduprevisora S.A. ha tomado un nuevo e inesperado giro judicial. De acuerdo con las líneas de investigación que rastrean de forma conjunta la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, el rol de la abogada Diana Carolina Andrade es considerado «clave» para desenredar el complejo andamiaje con el que operaba la presunta red de desvío de recursos públicos hacia bufetes de litigantes particulares.
La inclusión de Andrade en el organigrama criminal de los entes de control se fundamenta en tres ejes determinantes:
El puente con las «demandas exprés»: Las pesquisas apuntan a que Andrade, antes de ser beneficiada con un cargo público externo, presuntamente lideró o facilitó la filtración de las bases de datos reservadas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Con esta información privilegiada, un pool de abogados radicó cobros ejecutivos masivos en el Eje Cafetero para apoderarse de más de un cuarto de billón de pesos en pensiones de forma irregular.
El presunto «pago» con el cargo notarial: El Ministerio Público indaga si su posterior designación como notaria constituyó una velada «dádiva o contraprestación» por parte de fichas políticas de alto nivel incrustadas en el Ejecutivo, quienes buscaban asegurar el éxito de los giros fraudulentos en la fiduciaria estatal.
Nexos con el entorno de Armando Benedetti: Dentro del mapa de relaciones que teje la justicia, se busca establecer la cercanía de la abogada con el círculo del actual embajador Armando Benedetti y con operadores tradicionales del Caribe y el Eje Cafetero, actuando presuntamente como el «eslabón operativo fundamental» para canalizar los dineros públicos.
Con este nuevo componente, el expediente de la Fiduprevisora abandona la esfera de un simple problema de contratación interna y escala formalmente a una investigación de gran calado por los presuntos delitos de «cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir», tocando de forma directa las estructuras del sistema notarial del país.
Principales implicados bajo investigación:
Daniel Rojas Medellín:Ministro de Educación Nacional y presidente de la junta directiva del FOMAG. Se le investiga para determinar su grado de responsabilidad y control en la autorización de estos recursos.
Magda Natalia Giraldo:Exvicepresidenta del FOMAG en Fiduprevisora, señalada directamente en las denuncias por los trámites internos que dieron viabilidad jurídica a los giros cuestionados.
La frenada licitación de tecnología de 2026
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación suspendió de forma preventiva la Invitación Abierta 004 de 2026, un contrato de $33.127 millones de pesos para el arrendamiento de equipos de cómputo (modalidad Computer as a Service – CaaS). El ente de control emitió una alerta máxima al detectar una supuesta «doble valoración de la experiencia» diseñada para favorecer a un proponente específico, proceso que pretendía ser adjudicado sospechosamente a la medianoche de un lunes festivo.
Directivos vinculados al proceso disciplinario:
Diego Andrés Salcedo Monsalve: Presidente de Fiduprevisora S.A. e investigado como máximo responsable de vigilar los principios de transparencia de la función pública.
Estefanía Gutiérrez Arcila: Gerente de Adquisiciones y Contratos de la fiduciaria, quien debió firmar la suspensión de urgencia ante la presión del Ministerio Público.
Diana Carolina Andrade, quien se desempeñó como directora jurídica de la Fiduprevisora S.A. y posteriormente fue nombrada como notaria. Su papel es investigado como uno de los presuntos enlaces clave en el direccionamiento de los contratos y las decisiones jurídicas al interior de la entidad estatal.
Mauricio Marín: Expresidente de la entidad, indagado por las fases previas de estructuración de esta cuestionada licitación tecnológica.
Guillermo Alfonso Jaramillo (Ministro de Salud) y Luis Carlos Leal (Superintendente de Salud): Sus órbitas son revisadas por los roles de coadministración y vigilancia en las subcuentas de salud que maneja la fiduciaria estatal.
Estado judicial: Mientras la licitación tecnológica de junio de 2026 sigue congelada para evaluar su nulidad total, el expediente de los giros del FOMAG ya se encuentra formalmente en manos de la Fiscalía General de la Nación bajo los delitos de «peculado por apropiación y falsedad en documento público».
Mediante decreto firmado en la Casa de Nariño, el Gobierno declaró insubsistente al presidente de la Fiduprevisora, Diego Andrés Salcedo Monsalve, y designó en su reemplazo, en calidad de encargo, a Rosa Dory Chaparro.