Tras obtener el primer lugar en el concurso público para la Contraloría General, el abogado Luis Enrique Abadía García ratifica la vigencia de la meritocracia en el país. En esta entrevista, el candidato expone sus propuestas centradas en la prevención, la recuperación efectiva de activos y la independencia del control fiscal.
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Obtener el primer puesto en un concurso público de méritos no es un logro menor, pero para Luis Enrique Abadía García, la cifra es solo la consecuencia de una trayectoria construida desde el esfuerzo personal y la experiencia institucional. Juradoño, abogado, exbecario del Icetex y conocedor de la Contraloría General de la República desde sus entrañas —donde ejerció, entre otros roles, la dirección de la Unidad de Cooperación Internacional—, Abadía asume este resultado como un mensaje contundente sobre la vigencia de la meritocracia y la urgencia de fortalecer la independencia del control fiscal en Colombia. En la siguiente conversación, el profesional de mayor puntaje en la convocatoria expone su diagnóstico sobre el saldo impago de la responsabilidad fiscal, detalla su plan de gestión centrado en la prevención, la recuperación efectiva de activos y la articulación técnica con el Congreso, y fija su postura sobre el uso de la tecnología, el control concomitante y la descentralización de la vigilancia en las regiones.
Haber obtenido el primer puesto en el concurso sienta un precedente. ¿Qué mensaje le envía este resultado al país sobre la idoneidad y la meritocracia en los órganos de control?
«El concurso me dio el primer lugar, pero el mensaje no es sobre mí.
Es que la meritocracia funciona cuando de verdad se aplica. Un muchacho de Juradó que trabajó en la pesca y las ventas ambulantes, que estudió con un crédito del Icetex puede encabezar la lista para dirigir un órgano de control. Eso le dice algo al país, y se lo dice sobre todo a la periferia.
Y le dice algo a las instituciones: los órganos de control son, por definición, los que más deben cuidar cómo se escoge a quien los dirige. Si el mérito no pesa aquí, no pesa en ninguna parte».
Desde su experiencia previa en la entidad, ¿cuál es el diagnóstico principal con el que asume este liderazgo?
«El problema no es la institución ni su gente. Es el tiempo.
El control fiscal no puede llegar tarde. No puede concurrirse a certificar el daño cuando la obra ya está abandonada. Y cuando el fallo de responsabilidad fiscal llega, muchas veces no se traduce en pesos devueltos al Estado. A hoy se tiene una cartera fruto de responsabilidad fiscal de alrededor de 10 billones de pesos.
La entidad tiene capacidad instalada, analítica de datos y servidores con años de experiencia. Lo que falta no es fundar nada nuevo: es ordenar, gobernar y acelerar lo que ya existe.
Y digo algo que también importa: conozco la entidad por dentro. Eso significa que no habrá curva de aprendizaje ni improvisación. Desde el primer día la Contraloría sigue funcionando y protegiendo el recurso público».
De llegar a la cabeza de la entidad, ¿cuáles serán los tres ejes prioritarios de su plan de gestión?
«Tres: prevenir, recuperar e informar.
Prevenir. Llevar el control preventivo y concomitante a su máxima expresión, con seguimiento permanente y alertas oportunas sobre el avance físico y financiero de los recursos. El Acto Legislativo 04 de 2019 nos dio esa herramienta; hay que llevarla a otro nivel valiéndonos de la tecnología de punta para optimizar esa facultad constitucional.
Recuperar. Que el fallo se traduzca en dinero devuelto al Estado. Ahí hemos sido débiles, y hay que decirlo con franqueza, se requiere seguir advancing en abordar con mayor firmeza esa responsabilidad institucional.
Informar es el eje que casi nadie menciona, y para mí es el más transformador. La Contraloría produce la información fiscal más completa del país y en ocasiones se aprovecha poco para ayudar a decidir.
Voy a repensar y fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, que ya existe en la entidad y está subutilizada. La Constitución le asigna al Congreso el control político; la Contraloría tiene el sustento técnico de ese control. Esa complementariedad hoy debemos aprovecharla al máximo: un contralor consciente de ella no compite con el Congreso, lo habilita.
En concreto: análisis fiscal a solicitud de las comisiones, con tiempos de respuesta comprometidos; nota técnica de impacto fiscal para los proyectos de ley, para que se vote sabiendo cuánto cuestan; información desagregada por departamento, en lenguaje comprensible; y alertas cuando una inversión regional entre en riesgo, para que se pueda actuar por la vía política antes de que el daño se consume.
Con una salvaguarda que digo en voz alta: las solicitudes se registran, el producto es técnico y público, y el servicio es igual para todas las bancadas. Así la entidad sirve al Congreso sin volverse instrumento de nadie.
La Contraloría es el brazo técnico del Congreso. Debe seguir siéndolo con mayor método y la más fluida comunicación en procura de una interacción oportuna y de calidad, sin necesidad de crear un solo cargo nuevo».
¿Cómo aplicará el control concomitante y preventivo sin caer en la coadministración ni frenar la gestión de las entidades ejecutoras?
«Con una distinción que es la columna vertebral del asunto: advertir no es ordenar.
La Contraloría señala un riesgo; el gestor decide y responde. Si la Contraloría decidiera por él, dejaría de ser control y se volvería corresponsable —y quien ayuda a decidir no puede después auditar lo que ayudó a decidir—.
Por eso la advertencia debe ser documentada, con plazo de respuesta y constancia de qué hizo la entidad advertida.
Eso protege a todos. Al Estado, porque queda evidencia oportuna del riesgo. Al gestor honesto, porque puede demostrar que actuó a tiempo. Y también a quien impulsó una inversión para su región: una advertencia oportuna evita que una mala ejecución ajena termine manchando el proyecto que defendió.
El control preventivo bien hecho no frena la gestión: la protege».
¿Qué herramientas planea implementar para rastrear el flujo de los fondos públicos en tiempo real?
«Seguir el dinero —lo que internacionalmente se conoce como follow the money—. Esa es la idea central.
Trazar el peso público desde que sale del presupuesto hasta que llega —o no llega— a la obra, el bien o el servicio. Para eso: una plataforma unificada de control público con alertas sobre el avance físico y financiero, y numeración única de contratos, para que cualquier ciudadano siga la ruta completa.
La entidad ya tiene un motor de analítica y capacidad instalada. El mundo llama a esto aseguramiento continuo, y hacia allá va la auditoría en todas partes: de la verificación posterior al monitoreo permanente.
Pero la información no sirve si se queda en tableros para auditores. Debe salir desagregada por territorio y en lenguaje comprensible, para que la use quien tiene que decidir.
Y con una regla que no negocio: la tecnología acelera el análisis, jamás sustituye el criterio humano. Quien firma, responde. Sin auditores bien formados, ninguna herramienta rinde».
El control fiscal regional enfrenta presiones políticas locales. ¿Cómo garantizará la independencia técnica de las gerencias departamentales?
«Con diseño institucional, no con heroísmos personales.
Hoy le pedimos a un gerente departamental que resista solo la presión de su región. Eso es injusto y es frágil.
La mejor protección para ese funcionario es que la decisión no dependa únicamente de él. Si los criterios para seleccionar auditorías son técnicos, centrales y públicos, el gerente ya no tiene que explicarle a nadie por qué se auditó algo: la regla lo explica por él. A eso sumo rotación periódica en los cargos más expuestos y trazabilidad de cada decisión.
Y una precisión que vale para todos: la Contraloría vigila cómo se gestiona el recurso, no la orientación política de quien lo gestiona. Un control riguroso e igual para todos es, precisamente, lo que garantiza que la entidad no sea usada contra nadie.
Quiero además una Contraloría fuerte donde el recurso se ejecuta, no concentrada en Bogotá. La preocupación de un dirigente regional por una obra debe poder convertirse en verificación técnica, y no quedarse en denuncia».
Los fallos de responsabilidad pocas veces se traducen en dinero devuelto. ¿Qué estrategia implementará para elevar la efectividad del cobro coactivo?
«Empezando por cambiar lo que medimos en esa materia. Muchas veces nos medimos por los billones que suman los fallos; debemos medirnos por los pesos que efectivamente vuelven al Estado. Lo que se mide cambia la conducta.
En lo operativo, tres cosas. Primero, priorizar por recuperabilidad y no por monto nominal: perseguir donde efectivamente hay patrimonio.
Segundo, cruce patrimonial desde el inicio del proceso y no al final, cuando ya no queda nada. Las cautelares deben ser oportunas y también proporcionadas: una mal puesta arruina a una familia honesta.
Tercero, y lo digo con todas las letras: la Contraloría tiene que asumir una vocación internacional. Los montos gruesos de las irregularidades no se quedan en el país; terminan en el exterior. Perseguirlos y recuperarlos allá exige cooperación entre Estados, acuerdos concretos y capacidad técnica propia para rastrear activos fuera de Colombia. Ya en ello avanzamos cuando tuve la oportunidad de dirigir la Unidad de Cooperación Internacional de la entidad, logramos la aplicación de embargos en España y Panamá, en uno de estos casos ya se produjo el remate y los dineros recuperados ingresaron al fisco colombiano.
Seguir el dinero solo hasta la frontera es seguirlo a medias. Un fallo sin posibilidad de recuperación patrimonial es ilusorio».
Finalmente, ¿qué garantías le ofrece a la ciudadanía para recuperar la confianza en la Contraloría General de la República?
«Metas públicas, y que me midan por ellas.
Publicaré los criterios técnicos con los que se decide qué se audita, antes de auditar. Y las metas de recuperación, para que cualquiera las contraste al final.
Ni archivos por amistad, ni expedientes por revancha: reglas conocidas de antemano y aplicadas por igual.
También quiero una Contraloría que se entienda. Informes en lenguaje claro y la trazabilidad de cada contrato al alcance de cualquier persona con un celular.
Y el ciudadano investigado también merece garantías: rapidez con debido proceso.
La confianza volverá cuando la gente vea que el peso protegido se convierte en la escuela, el hospital o la vía que estaba esperando».
Luis Enrique Abadía propone una Contraloría transparente con reglas técnicas previas, procesos garantistas y acceso público al seguimiento de contratos.
Promete una gestión enfocada en metas medibles para asegurar que el dinero protegido se transforme efectivamente en obras para la ciudadanía.