Alex Saab formalizó su cambio de declaración a culpable por lavado de dinero en un tribunal federal de Miami tras pactar con la Fiscalía de EE. UU. El empresario barranquillero admite así su responsabilidad en una red de desvío de fondos estatales venezolanos y podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Washington

Primicia Diario 

En un giro determinante dentro del panorama político de la región, Alex Saab formalizó este martes su cambio de declaración a «culpable» ante un tribunal federal de Miami por cargos de conspiración para el lavado de dinero. El empresario barranquillero y exministro venezolano, de 54 años, abandonó su postura de inocencia tras alcanzar un acuerdo formal con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, evitando así ir a un juicio con jurado.

Las investigaciones de la fiscalía norteamericana señalan que Saab lideró un entramado de empresas fachada, falsificación de documentos aduaneros e importaciones ficticias. A través de este mecanismo se habrían desviado cientos de millones de dólares provenientes de contratos estatales de alimentación y vivienda en Venezuela. Tras este reconocimiento de culpa, el empresario enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión en una cárcel federal.

Reacciones internacionales y del entorno político

El viraje judicial provocó inmediatas repercusiones en el ámbito diplomático y mediático, reflejando posturas encontradas frente a las implicaciones del caso:

«Este cambio de postura demuestra que el esquema de corrupción instaurado en Venezuela no era una invención, sino una red de saqueo sistemático. Con la aceptación de culpabilidad de Saab, cae la narrativa del «diplomático secuestrado» que intentaron vender durante años», declararon fuentes del Departamento de Justicia estadounidense.

«El acuerdo judicial abre la puerta a una colaboración estratégica sin precedentes. La información sobre la arquitectura financiera que Saab administró será clave para los procesos judiciales en curso contra la antigua cúpula del régimen», señalaron analistas del sector judicial en Miami.

«Se confirma finalmente ante los tribunales la responsabilidad de quien operó los recursos públicos destinados a la alimentación de los ciudadanos. La justicia estadounidense demuestra que los delitos transnacionales de lavado de activos no quedan en la impunidad», afirmaron voceros de sectores de la oposición venezolana.