Exámenes

La Universidad Nacional realizó los exámenes correspondientes para los aspirantes a ser alcaldes locales en Bogotá. El examen, según los asistentes, estuvo complicado. Sin embargo, se escucharon rumores sobre la entrega de las respuestas con anterioridad para algunos de los inscritos. Los encargados de velar por el orden en la realización de examen tuvieron tiempo para dormir, tal como aparece en la foto el delegado de la Universidad Nacional para la vigilancia de la prueba.

 

Examen de alcoholemia

El alcalde, Gustavo Petro Urrego, confirmó que su esposa, Verónica Alcocer, iba manejando el carro que se accidentó en el norte de Bogotá. Explicó que le fue practicado un examen de alcoholemia como lo ordena la ley. El alcalde dijo que la única persona lesionada fue el escolta que se transportaba en moto.

Aplazamiento

La audiencia de formulación e imputación y solicitud de media de aseguramiento contra el abogado Álvaro Dávila, sindicado de ser uno de los autores  del «carrusel de la contratación» en el distrito, fue aplazada. La determinación se adoptó por cuanto el abogado presentó certificados médicos sobre incapacidad por motivos de salud. Algunos conocedores del tema indicaron que se trata de una estrategia, para evitar la cárcel por unos días más. El viernes 24 de febrero se conocerá el primer fallo sobre el «carrusel de la contratación».

 

Versión libre

Para mañana, febrero 22, el Fiscal 9º llamó a versión libre a la exministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez. El tema central del llamado será para indagar sobre los presuntos vínculos de las exfuncionaria con el paramilitarismo. Sandra Suárez fue ministra del Medio Ambiente en el gobierno de Álvaro Uribe.

 

Cita

 Para el jueves 23 de febrero fue  citado el cabo Edgar Villamizar Espinel, testigo clave en el proceso que se adelanta contra el excomandante del B-2 del Ejército, coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, y otros cuatro militares, por el delito de desaparición forzada, en los hechos enmarcados durante la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. El exmilitar ha faltado una decena de veces a las citas que le ha hecho la autoridad, para esclarecer el caso del Palacio de Justicia.

 

Destitución a la vista

La Personería de Bogotá formuló cargos y citó a una audiencia pública para el 22 de febrero a la directora de la Oficina de Protocolo de la Alcaldía de Bogotá, Nadia Mayorga Tovar. La funcionaria tendrá que responder por las acusaciones por el maltrato de obra y palabra contra los funcionarios a su cargo. Las pruebas son contundentes, existen grabaciones que seguramente la condenarán a ser destituida del cargo, tal como le sucedió a su jefe el alcalde Samuel Moreno, pero en este último caso por temas relacionados con el «carrusel de la contratación». La audiencia pública para que la funcionaria presente sus descargos se realizará mañana miércoles 22 de febrero, en las instalaciones de la Personería de Bogotá.

Pastorcito mentiroso

Raúl Agudelo, alias «Olivo Saldaña», afirmó aseguró que el excomisionado Luis Carlos Restrepo, jamás participó en las falsas desmovilizaciones. «Engañé al comisionado Luis Carlos Restrepo y a las Fuerzas Militares. Ni los coroneles (que participaron en el proceso) ni el general (Lelio Suárez) Tocarruncho hicieron parte conmigo de esto», dijo «Saldaña» en su declaración al juzgado. El problema del declarante es que perdió la credibilidad al cambiar por quinta vez su versión frente a estos hechos. Las autoridades iniciarán una investigación para establecer quiénes están detrás de la «nueva versión» de alias «Olivo Saldaña».

Blindando apartamento

A marcha forzada se trabaja en el blindaje del nuevo apartamento de la fiscala general de la nación, Viviane Morales, donde habitará con su esposo, el controvertido Carlos Alonso Lucio. El matrimonio está esperando la terminación de los respectivos acabados para habitarlo.

 

Fuero militar

El Gobierno nacional cambió radicalmente su posición frente al fuero militar, luego de recibir una «recomendación» de los Estados Unidos, que le fue hecha al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, durante su visita a EE. UU.,  en el sentido de que esa figura era un retroceso en materia de derechos humanos. Ahora, el Gobierno le solicitará  al Congreso el retiro del mencionado artículo en la reforma a la justicia.