Santos se lavó las manos, pero el lodo quedó regado

 

 

Lo que se ha develado es la profunda crisis no sólo del Congreso sino de los tres poderes clásicos del Estado que, en los asuntos esenciales, obraron en contubernio y que, cuando se vieron descubiertos por la opinión pública, tuvieron que confluir, a regañadientes o callando, en el camino del hundimiento, por vía de una riesgosa interpretación constitucional, del Acto cuestionado. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial son tres poderes en crisis de credibilidad. La rama electoral, también (no es sino ver el caso denunciado en el Valle). Y los órganos de control “autónomos” operan a media máquina…

 

 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Mena S. (*)

Especial para Primicia

 

 

Enterado del repudio general a su Reforma Judicial, Juan Manuel Santos descendió raudo de las nubes procedentes de la Cumbre de Rio y aterrizó en una alocución televisada para abortar el golpe dado a la Constitución de 1991 un día atrás, el martes 20 de junio, por su bancada en el Congreso de la República.

 

La decisión de Santos tuvo un propósito claramente político con el fin de evitar que el referendo derogatorio del acto legislativo mediante el cual se tramitó la reforma se abriera paso y se convierta en un movimiento nacional que afectara su reelección.

 

Todo indica que de no haberse producido la multitudinaria reacción ciudadana contra tal reforma, Santos habría pasado de agache, pues el proyecto era de origen gubernamental y tanto el ministro del Interior anterior, Germán Vargas Lleras, como el ministro de Justicia caído en desgracia, Juan Carlos Esguerra, estuvieron al milímetro impulsándolo, con la anuencia de Santos.

 

Es más, en la noche de ese 20 de junio, luego de votado el informe de conciliación por la aplanadora de la coalición de gobierno en las dos cámaras, Esguerra clamó desde el atril del Senado: “Ustedes han aprobado una gran reforma”.

 

La inmensa mayoría del Congreso de la República legisló con el mayor cinismo en causa propia para ponerse una escafandra que lo colmara de impunidad, con lo cual acrecentó su desprestigio nacional y demostró que las razones que condujeron a los constituyentes del 91 a determinar una dura normativa contra la corrupción histórica de este organismo no han sido superadas.

 

Pero no lo hizo solo, sino a la sombra del cálculo cómplice del Gobierno, que le apostaba a que “lo importante” era que la reforma fuera aprobada, así hubiera que ceder, como en toda negociación, según dijera Esguerra antes de su renuncia, el viernes 22 de junio.

 

Luego, todos se lavaron las manos, de Santos para abajo. El mismo Esguerra dijo que no dijo lo que dijo… Simón Gaviria, el flamante presidente de la Cámara, director único del Partido Liberal, confesó que no había leído el acta de conciliación, confiado en el Gobierno, y los miembros de las comisiones de conciliación también fueron a la pila de agua a justificar sus acciones.

 

Los magistrados de las altas cortes han estado, salvo el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Muñoz, callados, pues ellos, los jueces de más alto nivel, muchos de los cuales dieron la pelea jurídica durante el gobierno autoritario de Álvaro Uribe, también cayeron en la componenda con tal de que les aumentaran los períodos de su ejercicio de 8 a 12 años, les permitieran disfrutar de sus elevados sueldos más tiempo (hasta a los 70 años) y se les beneficiara con el retorno del sistema de la cooptación para la integración de sus corporaciones.

 

Parapolíticos iban para afuera

Ahora, 12 días después, en un evidente plan mediático destinado a enfrentar su desplome general en las encuestas, Santos insiste en endilgarles a los demás sus propias culpas e incluso, el martes 3 de julio, dijo al siempre progubernamental noticiero Caracol de televisión que los “micos” de la reforma fueron engendrados en las cárceles donde están los parapolíticos y los altos ex funcionarios del gobierno de Uribe procesados por corrupción.

 

Esa denuncia ya había sido formulada con antelación en diferentes sectores, pues era evidente, como quedó constatado en el Acto Legislativo finalmente aprobado y hundido una semana después, el miércoles 27 de junio, que la reforma tenía entre sus objetivos propiciar la libertad de parapolíticos y corruptos de alto turmequé (de AIS, Dian, Yidispolítica, ‘chuzadas’…) y era imposible que Santos no se enterara de ello.

 

Evidencia de que todo estaba fríamente calculado por los congresistas alfiles del uribismo y alcahueteados por Santos en su afán de volver a ganar la amistad de Uribe, es que el abogado de éste y de varios de los procesados por corrupción madrugó al día siguiente de la expedición de la malhadada reforma a pedir ante los jueces, sin ningún sonrojo, la libertad de nadie más ni nadie menos que del ex secretario general de la Presidencia del anterior Gobierno, Bernardo Moreno, juzgado por el escándalo de las ‘chuzadas’.

 

Además, el Gobierno quería, con el argumento de descongestionarla, privatizar la Justicia entregándoles facultades de jueces a abogados litigantes y notarios que cobrarían por ejercer la potestad que la Constitución sólo les reconoce a los funcionarios exclusivamente destinados para tal fin.

 

Lo anterior era simplemente alejar aún más la Justicia de los de abajo. ¡Qué tal! La injusticia para los de ruana.

 

La crisis de los poderes

 

En fin, lo que se ha develado es la profunda crisis no sólo del Congreso sino de los tres poderes clásicos del Estado burgués que, como hemos visto, en los asuntos esenciales, obraron en contubernio y, cuando se vieron descubiertos por la opinión pública, tuvieron que confluir, a regañadientes o callando, en el camino del hundimiento, por vía de una extraña y riesgosa interpretación constitucional, del Acto cuestionado.

 

El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial están en crisis de credibilidad. El poder electoral también (no es sino ver el caso de corrupción abortado en el Valle del Cauca). Y los órganos de control “autónomos” operan, a pesar de su enorme fronda burocrática, a media máquina…

 

Así que lo que se impone es una reestructuración radical del Estado, que empiece por el Congreso, manteniendo los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades de los parlamentarios, la pérdida de investidura y su juzgamiento sin esguinces.

 

Pero, además, extendiendo el tiempo de sesiones de los congresistas, que hoy sólo es de ocho meses en total, disminuyendo sus jugosos sueldos (más de $21 millones mensuales por cada uno de los 102 senados y 165 representantes a la Cámara, trabajen o no) y acabando con el régimen de prebendas y beneficios, convertidos en odiosos privilegios.

 

Éstos hieren la dignidad de la mayoría de los colombianos, sometidos a salarios de hambre, mientras burócratas profesionales, especializados en triquiñuelas y doctorados en clientelismo, como los secretarios generales de Cámara y Senado, devengan ¡un millón de pesos diarios!

 

La discusión está en los caminos para la reestructuración de las instituciones del Estado. Por lo pronto, unos insisten sólo en el referendo derogatorio de la Reforma Judicial, mecanismo que se haría viable si, por ejemplo, al responder la demanda presentada contra el Acto Legislativo respectivo, la Corte Constitucional lo declarara exequible y, en consecuencia, vigente la hundida reforma. Otros proponen ir más allá, revocar el actual Congreso, lo que sólo sería factible por vía de una asamblea constituyente.

 

Lo cierto es que la crisis de los poderes del Estado, no sólo del Legislativo, amerita su transformación radical. El debate está abierto. Apenas comienza. La sociedad toda debe asumirlo y no bajar los brazos, en alto cuando se descubrió todo el entramado de los tres poderes públicos en contubernio.

 

(*) Director del periódico alternativo PARÉNTESIS, de Cali, Colombia.

Luismena7@gmail.com.