WILSON  RUIZ OREJUELA

Nuevamente esta hermosa zona del País es víctima del capricho inhumano y malévolo de los grupos armados ilegales, esta vez, la guerrilla de las FARC anuncio un “paro armado” en algunos municipios de este Departamento entre el 1 y el 8 de marzo del presente año.

Preocupa que tal anuncio trae consigo la restricción en el desplazamiento por vía terrestre y fluvial de los habitantes de municipios como Río Sucio, Carmen del Darién, Ungía, Acandí, Bahía Solano, Bojayá, Juradó, Muñido, Medio Atrato y Vigía del Fuerte.

Estas poblaciones por estar conformadas en su mayoría por indígenas y afrodescendientes gozan de una protección especial por parte del Estado y con amenazas de esta naturaleza ven seriamente comprometida la conservación de sus comunidades.

No se puede concebir que estos terroristas pongan en vilo la tranquilidad de los habitantes de estos municipios, pretendiendo pasar por alto la legitimidad y autoridad de las Fuerzas Militares y de los entes Gubernamentales.

A esta situación debe agregarse el agravante de que con este tipo de amenazas se vulneran derechos fundamentales de poblaciones que ademásde su atraso económico y social y las difíciles condiciones de acceso a estas,deben soportar constantemente el acoso y las amenazas de los grupos ilegales, pudiéndose incluso pensar que estos compatriotasestán aislados de toda protección estatal.

Se hace necesario que las autoridades tanto civiles como militares tomen cartas en el asunto, dado que con este tipo de restricciones para los pobladores de estos municipios se coarta el derecho de estas personas a tener acceso a servicios de salud de los que sus municipios carecen, además, pierden la oportunidad de realizar intercambios comerciales con el resto de la región y aún con el resto del País lo que repercute de manera negativa con el interés de estas comunidades de alcanzar un optimo desarrollo económico y social.

Esta situación merece especial cuidado, dado queestos grupos armados ilegales muchas veces aprovechan este tipo de acciones temerosas en contra de la población civil para fortalecerse logísticamente, situación esta que de ninguna manera puede ser permitida por las fuerzas del orden de nuestro País, quienes por el contrario están llamadas a defender la población y garantizar los derechos de todos los ciudadanos.