La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años al señor Omar Ricardo Díaz Granados Velásquez, en su condición de gobernador del departamento del Magdalena  por irregularidades en la adquisición de kits y textos escolares.

Dentro de la determinación disciplinaria adoptada  por el jefe del Ministerio Público también destituyó e inhabilitó por 12 años al señor Manuel Julián Mazeneth Corrales en su calidad de secretario privado del despacho del gobernador, delegado para la celebración de contratos para la época de los hechos, quien participó en la etapa contractual para la compra de kits escolares.

Las irregularidades se presentaron con ocasión de la celebración de dos contratos de suministro suscritos para la adquisición y compra de kits escolares para los estudiantes de las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento del Magdalena.

El Ministerio Público encontró que el proceso licitatorio adelantado para la adquisición de estos kits no contó con estudios adecuados, serios y sustentados de conveniencia y oportunidad de la contratación, y además no se obtuvo en el mercado los precios individuales de los elementos que componían el kit escolar, con sus respectivas especificaciones.

Destaca la decisión de única instancia que la compra de los kits “no contribuyó a mejorar la calidad de la educación de los estudiantes del departamento del Magdalena ni a evitar la deserción escolar como se dijo en los estudios de conveniencia, en primer lugar, porque no estaba demostrada la relación entre la existencia de deserción escolar por la carencia de útiles escolares, y en segundo lugar, porque la composición de los kits no conllevaba elementos que contribuyeran a minimizar o evitar tal situación, con excepción de los cuatro cuadernos que lo componían y la cartilla de lectoescritura”.

La Procuraduría también evidenció irregularidades en la compra de los morrales que integraron el objeto del contrato ya señalado los cuales fueron adquiridos en condiciones de sobreprecio, situación que permitió que el contratista incrementara injustificadamente su patrimonio.

Adicionalmente, el morral comprendió gran parte del presupuesto de cada kit, sin que se explique el aporte que dicho elemento produciría en el normal funcionamiento de los establecimientos educativos del Magdalena como se afirmó.

Contra esta decisión de única instancia procede el recurso de reposición ante el mismo despacho del  Procurador General de la Nación.