Vergüenza internacional
Increíble resulta observar las imágenes del violento desalojo que hicieron unidades de Policía y militares, contra humildes campesinos huilenses. Fueron atacados como si se tratara de un grupo al margen de la ley. Los bombardearon con gases pimienta y lacrimógenos.
Todo comenzó por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, en el Huila.
El Gobierno colombiano, en defensa de las transnacionales Emegesa, Endesa, propició el desalojo a través de métodos violentos contra las comunidades de pescadores, mineros y campesinos que viven y consiguen su sustento diario a las orillas del río Magdalena.
Cuando sucedió el ataque de las fuerzas del Gobierno contra los nativos, se impidió la presencia de delegados de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, algunos periodistas y religiosos, que se encontraban en el sitio en el momento de la acción deplorable y cobarde, revelaron a los medios informativos cómo fue el comportamiento de las autoridades.
Niños, mujeres, hombres y ancianos fueron atacados sin misericordia alguna. Muchos resultaron heridos, y otros tienen problemas psicológicos ante la arremetida de que fueron objeto. Incluso, un pescador está a punto de perder el ojo izquierdo, impactado por una bomba de gas lacrimógeno.
Los pescadores y campesinos fueron atacados con diferentes armas, y una vez fueron arrinconados, los regulares procedieron a darles una paliza con objetos contundentes, según los afectados
Una reportera del diario La Nación relató cómo se produjo la cobarde agresión. La periodista afirmó que las personas se encontraban manifestándose de manera pacífica, cuando fueron atacadas por las fuerzas del «orden». Relató que los niños corrieron, y se lanzaron al agua para salvaguardarse. La agresión cobijó hasta a una menor, de apenas 3 meses, según la comunicadora.
Y un investigador de la Universidad Surcolombiana, con doctorado, también fue testigo directo de la agresión; reveló que sin ninguna consideración fueron agredidas personas indefensas por unidades militares y de Policía, fuertemente armadas.
El arzobispo Jaime Tovar se mostró sorprendido por el ataque contra la gente humilde, por un Gobierno que se declara democrático. El prelado de la Iglesia dijo que el ataque fue indiscriminado contra niños, mujeres, ancianos y discapacitados. El reclamo es justo, dijo el religioso, porque se está contra el desvío de nuestro río Magdalena, para la construcción de la hidroeléctrica que enriquecerá a empresas transnacionales con la miseria de un pueblo. Puso de ejemplo la hidroeléctrica Betania, que acabó con una próspera región.
El arzobispo invitó al pueblo huilense a defender a su pueblo y los recursos naturales, y a censurar el vil ataque contra unos cuantos campesinos, que no tenían más «armas» que su extrema pobreza.
Entre tanto, el Gobierno nacional, en cabeza del propio presidente Santos, dijo sobre el desalojo: «Están los videos. Ese desalojo se desarrolló de forma normal, usando los protocolos más estrictos en materia de derechos humanos».
¿Acaso será que el presidente está siendo informado erróneamente sobre el atropello? ¿O es política gubernamental atacar a los indefensos? Estos hechos constituyen otra vergüenza internacional.
N. D.
El video del atropello lo puede consultar en la siguiente dirección
Estoy sorprendido por la acción del gobierno, que en nada se distingue de las peores dictaduras. El señor santos nos habla de defender las víctimas, pero observamos como da la orden para acabar con el pueblo
Toda una vergüenza para un país que se ufana de ser democrático