Una firme condena a los hechos de violencia que desde finales del pasado mes de diciembre hasta la primera semana de enero de 2012, y que han perturbado la tranquilidad de los habitantes de los municipios de Tibú, Convención, San Calixto, Teorama, Sardinata y Hacarí, en el departamento de Norte de Santander, hizo hoy el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, al tiempo que instó a las autoridades competentes del nivel regional y nacional a implementar medidas eficaces de prevención y protección que garanticen la integridad personal y el derecho a la vida de los habitantes de esa región del Catatumbo.

De acuerdo con información del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), que coordina la Defensoría del Pueblo, desde fines de diciembre de 2011 hasta hoy, la subregión del Catatumbo ha vivido varios episodios de violencia que ha dejado un saldo de dos civiles muertos, entre ellos un menor de edad; dos miembros de la fuerza pública y siete personas heridas de consideración.

La Defensoría del Pueblo señaló que los actos de violencia perpetrados por grupos armados ilegales han ocasionado graves daños a la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos como consecuencia de dos atentados por la activación de un carro bomba, lo que mantiene a los habitantes en estado de zozobra.

Detención de vehículo

Según el monitoreo del SAT, sobre los distintos hechos de violencia que se han presentado en los tres municipios de la subregión del Catatumbo, el pasado 15 de enero presuntos integrantes de las FARC-EP retuvieron un vehículo de transporte público afiliado a la empresa COOTRANSHACARITAMA, que transitaba en la ruta San Calixto – Ocaña, y obligaron a los pasajeros a descender del automotor en el sector conocido como el Balcón, aproximadamente a un kilómetro de la cabecera del municipio de San Calixto.

Explosivo y ataque en El Tarra

El SAT también conoció que el pasado 6 de enero en el municipio de El Tarra un grupo de operarios de la empresa de aseo del municipio recogió en el parque principal un paquete abandonado en el andén de la iglesia, que, posteriormente, fue depositado en el recolector de basuras y luego estalló, causando la muerte de los señores Bibiano Ramírez Durán, de 25 años, y José Ángel Torres, de 57 años.

Así mismo, se conoció que en la cabecera de ese mismo municipio, el pasado 31 de diciembre fue atacada la estación de Policía con dos granadas lanzadas por presuntos integrantes de un grupo armado ilegal, provocando heridas en un Subintendente y un Patrullero que prestaban su servicio de guardia.

Violencia en Tibú

El SAT también conoció que en la madrugada del pasado 15 de enero, en el centro de la zona urbana de Tibú, se presentó la explosión de un artefacto de bajo poder contra una patrulla de la Policía que adelantaba labores de vigilancia, con el fin de garantizar la seguridad del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, sin que haya provocado víctimas fatales.

De igual modo, información allegada a la Defensoría del Pueblo dio cuenta de que el pasado 14 de enero se presentó un atentado contra la infraestructura eléctrica en la zona rural del corregimiento de Campo Dos en el municipio de Tibú, que provocó la destrucción de dos torres de conducción eléctrica y la suspensión del servicio de energía para los habitantes de esta zona.

La Defensoría del Pueblo confirmó que el 13 de enero una volqueta con cargas explosivas fue activada a control remoto en cercanías de un bus intermunicipal que realizaba una ruta hacia Tibú cuando sus pasajeros estaban siendo requisados en un puesto de control de la subestación de Policía de la vereda Petrólea, en el corregimiento de Campo Dos.

Entre los cinco pasajeros del bus que resultaron heridos por la onda explosiva figuran la señora Cándida Flórez (esposa de un Concejal del municipio); Diego Andrés García, menor de 12 años de edad, y una mujer de aproximadamente 24 años que en el momento del atentado no portaba documentos de identificación; además de los señores Wilson William Albarracín, de 35 años, y José Rafael Rojas, de 61 años.

Carga explosiva en La Gabarra

El pasado 6 de enero, en otro hecho de violencia que se presentó en el corregimiento de la Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, resultaron heridos los civiles Fernando Rincón Herrera, de 45 años, y Rosa Gélvez García, de 66, cuando al paso de un grupo de policías fue activada una carga explosiva de bajo poder.

El pasado 31 de diciembre en la vereda La Esperanza, un carro bomba fue desactivado por miembros de la Policía que posteriormente fueron hostigados por un grupo armado ilegal.

Violencia en Teorama

Otro de los hechos recientes de violencia que ha enfrentado la población civil del Catatumbo, tuvo que ver con la retención, el pasado 11 de enero, en el municipio de Teorama, de un vehículo de transporte público afiliado a la empresa de transportes Cootraunidos que cubría la ruta El Tarra- Ocaña, por parte de individuos vestidos de civil que se identificaron como integrantes de las FARC. Las autoridades reportaron este episodio como un presunto bus-bomba, que fue ubicado en inmediaciones del corregimiento El Aserrío en el sector conocido como Tres Chorros, en jurisdicción de ese municipio

Ese mismo día, autoridades reportaron un presunto bus-bomba, ubicado en inmediaciones del corregimiento El Aserrío en el sector conocido como Tres Chorros, en jurisdicción del municipio de Teorama.

El 14 de enero, las autoridades reportaron que presuntos integrantes de las FARC volaron un tramo del oleoducto PETRONORTE, ubicado entre los corregimientos del Aserrío y la Cecilia, en la zona rural del municipio de Teorama, que provocó la suspensión de las actividades de bombeo del crudo. Las autoridades indicaron que este fue el primer ataque en el 2012 contra el oleoducto y el décimo tercero en los últimos meses por parte de las FARC.

Explosión en Sardinata

Por otra parte, se conoció que en el corregimiento de Las Mercedes en jurisdicción del municipio de Sardinata, una patrulla del EMCAR de la Policía Nacional que se encontraba cerca al parque principal fue atacada con explosivos que provocaron heridas a dos policías.

Recomendaciones

El  Defensor del Pueblo considera que las autoridades de Norte de Santander, las Alcaldías de Tibú, El Tarra, Sardinata, San Calixto, Teorama, Convención y Hacarí, así como la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado, deben evaluar con todo rigor la situación de riesgo la población civil asentada en los municipios mencionados y adoptar las medidas eficaces de seguridad que permitan prevenir o disminuir el riesgo de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los grupos al margen de la ley que operan en la subregión del Catatumbo.