Los indígena de Panamá se levantaron contra el gobierno de Martinelli,  acusándolo de utilizar los  efectivos del orden público para reprimir al pueblo nativo.

Tras una semana de protestas de indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé contra las actividades mineras y la construcción de hidroeléctricas en su comarca, la policía rompió a la fuerza los retenes en las rutas, causando por lo menos dos muertos y múltiples heridos.

En una conferencia de prensa, representantes del gobierno acusaron a las poblaciones originarias de no aceptar el diálogo y negaron que la policía hubiera efectuado disparos, ya que esta fuerza no llevaba armas letales. Sin embargo existen fotografías con policías empuñando armas de fuego. Fernando Cebamanos, Presidente del opositor Frente Amplio por la Democracia, acusó al gobierno de “rechazar el diálogo al que el pueblo Ngöbe-Buglé ha aspirado desde antes de las acciones. Se les acusa de violentos y ha quedado claro que la violencia proviene de la fuerza pública”.

Entretanto, la ONU se ha ofrecido para mediar entre el gobierno y los indígenas y la organización Human Rights Everywhere, denunció «la violación de derechos humanos fundamentales por parte del Gobierno de Panamá en la gestión de la crisis por las protestas indígenas relacionadas con la minería».

Según comentó a Radio Nederland el periodista Silvestre Díaz, ligado a la agencia de información alternativa Frenadeso Noticias, existe certeza sobre dos muertos y en la madrugada de este martes se habría producido un tercer deceso. Uno de los grandes problemas es que todo el norte del país, se ha interrumpido la telefonía celular por orden del gobierno, por lo que se desconoce qué es lo que está ocurriendo exactamente.

Los indígenas Panameños con la solidaridad de los indígenas centroamericanos produjeron el siguiente comunicado:

«EL CONSEJO INDÍGENA DE CENTRO AMÉRICA CICA A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL Y EN ESPECIAL AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

MANIFIESTA:
Su profunda preocupación y rechazo categórico a los hechos de represión realizados por efectivos del orden Publico, comandada por el Sr. Ricardo Martinelli, Presidente de la República de Panamá, contra la población indígena Ngäbe-buglé quienes haciendo uso a su derecho a la resistencia y manifestación pacífica en la Carretera Interamericana, desde hace varios días, contra el Proyecto de Ley No 415, sobre minería, que se discute en la Asamblea Nacional, por no incluir el ART. 5, que protege los recursos minerales e hídricos dentro de la Comarca Ngäbe-Buglé, pactado entre la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe-buglé y el gobierno nacional acuerdos firmado el día 27 de febrero de 2011.

Que el Pueblo Ngäbe-Buglé, ha venido realizando acciones de inconformidad, por la aprobación apresurada que pretendía hacer la Asamblea de Diputados, de reformas al Código Minero, a través de las cuales se permitía la posibilidad de USURPAR los territorios Indígenas y desarrollar asi las actividades de Extracción Mineras. Dichas jornadas concluyeron con el acuerdo de la Coordinadora y el gobierno, en torno al contenido del artículo 5, donde quedo clara la exclusión de la explotación minera en la Comarca Ngäbe-Buglé. Acuerdo que ahora se pretende desconocer, y NO tomar en cuenta, habiendo sido este previamente pactado, por lo que se ha violado el Derecho a Consulta tal Como lo contempla la Declaración de Naciones sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Por lo que el Pueblo Indígena, ante tal situación se MANIFIESTA pacíficamente, para hacer oír su VOZ, y la respuesta inmediata e INCENSATA ha sido el uso indiscriminado de las fuerzas militares con lo que ya han dejado victimas, detenidos, y Desaparecidos HECHOS de los cuales responsabilizamos al Estado Panameño

AL GOBIERNO PANAMEÑO:
Recordarle que los Gobiernos de nuestra región mediante Resolución aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, adoptaron La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 32 textualmente dice.Artículo 32.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo…ANTE ESTA SITUACIÓN EXIGIMOS:

a) Poner un alto a la invasión a las tierras y territorios de los pueblos Embera Wounaan, establecidos por medio de Decretos y Leyes en las regiones de: Sambu y Cemaco (Comarca Embera) y las regiones de Jaque, Rio Congo, Arimae, Bajo Lepe, Aruza, Pijibasal, Piriati, Ipeti, Maje Chiman, Platanare, Rio Hondo y Maje Cordillera (Tierras Colectivas).

b) Cumplir con el Marco Jurídico Nacional e Internacional; así como con los Acuerdos llegados, acuerdos firmado el día 27 de febrero de 2011, con las autoridades tradiciones de estos territorios, para dar una pronta resolución a la problemática planteada en Estos territorios, no continuar con el manoseo y manipulación de la Dignidad de los Pueblos Originario.

c) Cese de Inmediato la Intimidación y Persecución a las Autoridades Tradicionales Embera y Wounaan por parte de Fiscales, Juzgados Municipales, Juzgados Mixto de Circuito de Darién, Alcaldes, y Autoridades Judiciales de Panamá Estos aplicando medidas arbitrarias e ilegales, desconociendo y violando normas que garantizan los derechos humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas.

d) Cancelar de inmediato las Concesiones otorgadas a Empresas Nacionales o Transnacionales, para la exploración y explotación de Recursos Naturales ya sean estos Mineros o de otra índole en territorios Indígenas específicamente en territorios Indígenas.

e) Hacemos un llamado al gobierno de Panamá, para que establezca una Mesa de Diálogo y Negociación, con el objetivo de encontrar una solución tomando como base las demandas en pro de los recursos naturales de la comarca y el respeto a su cosmovisión indígena, basados en la Constitución Política de la República de Panamá que en su artículo 127 reza: “el Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. La Ley regulará los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras.”

A la comunidad internacional, pronunciarse y estar atentos al desenlace de estos lamentables acontecimientos y que exijan al Gobierno de la República de Panamá, se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, contemplados en instrumentos internacionales.

Finalmente el Consejo Indígena de Centro América reafirma, su apoyo incondicional, a los pueblos hermanos que luchan por el reconocimiento de sus derechos, a través de mecanismos que la ley establece, sin embargo su lucha es reprimida, situación que deja en evidencia, que aún persiste un sistema colonialista, racista y de expropiación de los territorios indígenas, de parte del gobierno de la República de Panamá.

Ricardo Martinelli, Presidente de la República de Panamá, es conocido en América Latina por ser el protector de la delincuencia y el ultimo caso fue el de la prófuga de la justicia Colombia, María del Pilar Hurtada, quien permanece refugiada eludiendo la acción de la justicia por crimenes de lesa humanidad que cometió desde la dirección de la policía secreta DAS.

Ricardo Martinelli, cuestionado por los indígenas de Panamá