Ya era hora de que un alto tribunal se pronunciara -como se pronunció el Tribunal Superior de Bogotá- en el sentido de solicitar la presencia de la Corte Penal Internacional -CPI- para que se aclare, y se haga justicia,  la situación que se vivió en el Palacio de Justicia, donde fueron masacrados la mayoría de magistrados, empleados y particulares en 1985.

La determinación les puso los pelos de punta a los altos servidores del Gobierno nacional que salieron a rechazar el pronunciamiento, los congresistas, especialmente de la  Comisión más conocida como de «absoluciones», donde muchos de sus miembros conocen más  cómo delinquir que cómo aplicar justicia.

Fue más prudente el pronunciamiento del expresidente Belisario Betancur, quien, a través de un comunicado, se limitó a decir que ha acudido a todas las instancias judiciales adonde ha sido requerido.

Si todos estamos buscando la verdad, no debe haber temor alguno porque la Corte Penal Internacional conozca e indague si se cometieron  o no crímenes  de lesa humanidad y quiénes fueron sus responsables, o si son falsas las sindicaciones.

No podemos seguir conviviendo en medio del fango de la sospecha, ante la comunidad internacional; hay que aclarar de una vez por todas las dudas que rondan en el país y el exterior.

Es por ello que debemos acompañar la determinación del Tribunal Superior de Bogotá, y no seguir el ejemplo de los funcionarios de mayor rango, que salieron a controvertir y desautorizar a la justicia. Es bueno que los funcionarios de marras, entre ellos el ministro de Justicia, aprendan que las decisiones judiciales deben acatarse, así no se compartan.

En consecuencia, es bueno que la Corte Penal Internacional escuche cómo se clama en Colombia su presencia, para que entre a conocer los casos sobre comisión  de toda clase de crímenes, algunos de lesa humanidad, y  cuyos responsables todavía andan campantes y sin remordimiento alguno.