El fin último de la reforma a la justicia
Jorge Enrique Robledo
Especial para Primicia
No se sabe qué es peor, si el contenido de la reforma a la justicia o la manera como el gobierno consiguió el respaldo para aprobarla. En la Colombia de las decisiones con propósitos inconfesables, estas ocupan un sitio de honor –o de deshonor, más precisamente. Como bien se ha dicho, antes que una reforma a la justicia, lo que impusieron fue una reforma política para someter a la rama judicial a situaciones que no le convienen al país sino a los intereses de un pequeño pero poderoso club de privilegiados, cuyo jefe único es el presidente Juan Manuel Santos.
La reforma no atiende el principal reclamo ciudadano sobre la administración de justicia, consistente en que esta no falla con la oportunidad debida, lo que en buena medida significa la negación de la idea misma de justicia. Pero la congestión y la tardanza de las decisiones judiciales sí le sirvieron al gobierno de pretexto para promover su privatización, nombrando como jueces de bajo costo a abogados que carecen del conocimiento suficiente para ejercer esa función compleja propia de especialistas e incluyendo en la Constitución la potestad de cobrarles a los colombianos por decisiones legales que deben ser gratuitas, desafueros que niegan la justicia como derecho, pilar del proceso civilizatorio. Como en educación y salud, he aquí otro caso en el que el neoliberalismo provoca una involución.
La reforma además aumenta la injerencia del poder Ejecutivo sobre la rama Judicial, un viejo propósito retardatario de quienes consideran la separación de los poderes como adorno retórico de una democracia que se halla muy lejos de serlo, porque tienen como objetivo que el Presidente maneje un Congreso de bolsillo, someta a su férula a los jueces y coopte a las Cortes. Otra vez el estilo cortesano de Santos rinde más frutos que el de Uribe, porque su mayor capacidad actoral les facilita mimetizarse también a quienes, con las mismas concepciones regresivas, posan de demócratas. Están pillados.
Es difícil encontrar algo peor que el estilo con el que Juan Manuel Santos reclutó el respaldo político suficiente para producir este engendro, pues se inspiró en una pregunta propia del servicio a la carta: “¿Qué desean los caballeros?”. Así, unió y condujo a sus mayorías parlamentarias para asegurarles privilegios que avergüenzan y a las Cortes les concedió gabelas todavía más burdas para cooptarlas, de tal manera que se nota que el Presidente y cada uno de los partidos de la Unidad Nacional –cuyo carácter de manguala deja pocas dudas– abusan de su fuerza política para pasarse por la faja y con toda impunidad cualquier escrúpulo.
¿Y para qué quieren Santos y sus cortesanos el poder que también les confiere tanto unanimismo en los medios de comunicación? ¿Para promover el progreso y hacer que Colombia supere el atraso productivo, genere empleo e ingresos y disminuya la desigualdad social? Habría que ser ciego y sordo para responder con un sí. Tras casi dos eternos años de juanmanuelismo, y bajo la amenaza de que complete ocho, hay que ser muy despistado, o muy orientado por ciertas conveniencias personales, para no reconocer que en lo económico el paradigma de Santos reside en que el monopolio avasalle toda otra forma económica, monopolio que a la postre será, sin las actuales excepciones, el de las trasnacionales. En este sentido, detrás de las cien mil viviendas “gratis” del populismo reeleccionista se oculta un cambio de fondo en la política de producción de viviendas promovidas por los subsidios del Estado –sean “gratuitas” o no y con una inversión mínima de 4.2 billones de pesos en este gobierno–, para que el Estado se eche a cuestas todo el riesgo del negocio que antes asumían constructores y banqueros, adjudicarles los proyectos a las mayores empresas que concentren tierras y recursos financieros –incluso si son extranjeras– y contratar con ellas, no con las normas del derecho público sino del privado, es decir, a dedo, con lo que hará fiestas cierto clientelismo de cuello blanco y se facilita defraudar al Estado.
También se sirve Santos de su poder para imponer el TLC con Corea, el cual, como ni los pocos nativos que ganan con él se atreven a negar, dañará a la industria instalada en Colombia y agravará el desempleo. ¡Y esto sucede preciso cuando el gran tsunami económico lanzado por la explosión de la gravísima crisis mundial condena al libre comercio como su responsable! Otra muestra más de que desconectaron su suerte personal de la del país.