Las Fuerzas Militares no se pueden interpretar «en el sentido que otorga competencia a las autoridades militares, para realizar batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos, y, luego, conducirlos a los lugares de concentración. Esa práctica implicaría incurrir en detenciones arbitrarias, prohibidas por el Artículo 28 constitucional»

Jairo Cala Otero

Especial para Primicia

En noviembre de 2011 la Corte Constitucional emitió la sentencia C-879, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, en la que prohibió, expresamente, que el Ejército regular colombiano realice redadas, y retenga a jóvenes que no hayan prestado el servicio militar. Fue un recordatorio de que esos procedimientos están prohibidos en la Constitución Nacional. Ese fallo dice, con meridiana claridad, que las atribuciones que la Ley 48 les señala a las Fuerzas Militares no se pueden interpretar «en el sentido que otorga competencia a las autoridades militares, para realizar batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos, y, luego, conducirlos a los lugares de concentración, pues esa práctica implicaría incurrir en detenciones arbitrarias, prohibidas por el Artículo 28 constitucional».

La Corte ordenó que quienes no hayan «definido su situación militar», deben ser citados a una guarnición, pero no se los puede detener por períodos largos de tiempo, ni ser obligados a someterse a prácticas de exámenes para su eventual ingreso a las Fuerzas Militares. No obstante, sabemos que la norma es violada diariamente por el Ejército, cuyos soldados son enviados a las calles de las ciudades colombianas, para hacer redadas en busca de jóvenes sin libreta militar. Conocemos varios casos. Y en ellos el común denominador es el siguiente: Una patrulla militar retiene a los muchachos (apeándolos, inclusive, de buses urbanos), los sube a un camión militar y los conduce a un cuartel. Allí, son sometidos a una tortura digna de una denuncia ante autoridad competente: pasan retenidos muchas horas, en ocasiones más de veinticuatro; les hacen saber que los enviarán a una «zona roja» (área de enfrentamientos con las guerrillas), y les hacen comentarios negativos sobre «lo que les espera».

Es decir, una tortura psicológica tanto o mayormente grave que la tortura física. No se les permite contacto con ningún familiar, ni siquiera con sus progenitores, lo cual es peor que estar preso por algún delito atroz. Después, muchas horas después de la arbitraria e ilegal retención, durante las que los jóvenes han tenido que soportar los efectos del hambre, la sed y la falta de aseo personal, les preguntan que si quieren formar parte de las filas regulares.

A quienes contesten que no, los apartan a un lado, y son los primeros en ser enfilados para el «servicio» militar. Y cuando aquellos muchachos se han resignado a vestir un uniforme camuflado, calzar unas pesada botas y portar un fusil los envían donde médicos y psicólogos para que los examinen. De los resultados obtenidos allí depende que sigan «presos» en el cuartel militar, o que sean dejados en libertad y puedan retornar a sus casas, donde las más tormentosas horas se han aposentado en las mentes de papás, mamás, hermanos y demás parientes; hasta el llanto cubre ese episodio ominoso y abusivo.

«Es que no hemos cumplido la cuota para completar el contingente», escuchó decir algún día una víctima de tales tropelías. Vale preguntarnos, entonces: ¿Ese es el Ejército que pregona el respeto a los derechos humanos, que nos «bombardea» con publicidad televisada para que los colombianos volvamos a creer en él, y que nos invita a respetar la institucionalidad, las leyes y demás disposiciones legales? Si es el mismo, debería comenzar por casa.

Primero, respetando las normas de las Cortes, que existen por orden de la Constitución Nacional, así no les gusten a algunos colombianos; y, segundo, respetando los derechos de los ciudadanos, aunque ellos no tengan libreta militar; ese detalle no los convierte en «cosas», ni les proscribe su condición de humanos, por ende, dignos de consideración y respeto.

Ese reclutamiento que se sigue haciendo con método arbitrario, es muy similar al que usan ciertos individuos que asaltan buses en las carreteras colombianas. ¿Cuál es la diferencia, acaso? Van a decir que el Ejército es legal, y que los otros, no. ¿Y el que el Ejército sea legal lo autoriza para ser arbitrario y violar las leyes? ¿No debería, por esa legalidad, dar pulcro ejemplo de acatamiento a las leyes que dice preservar? Ahora, bien. ¿Cuántos son, por ejemplo, los vagos en el país? ¿Cuántos son aquellos que salen diariamente a las calles con la expresa «misión» de robar, atracar y matar? Porque bien valdría la pena que contra esos se enfilen los «esfuerzos» del Ejército, pues tantos ociosos y sin rumbo alguno quedarían muy bien en sus filas; de paso, los reformarían, y con ello le harían un inmenso favor a la sociedad, que todos los días está entre sus objetivos criminales.

¡Qué elegantes se verían esos tipejos con el uniforme camuflado! Los señores congresistas, tan diligentes para otros asuntos -entre ellos, tramitarles fácilmente las libretas militares a sus hijitos, porque, ¡pobrecitos!- podrían «meterle diente» a esos dos asuntos: uno, la arbitrariedad que sigue cometiendo el Ejército al reclutar ilegalmente; y dos, la alineación de los vagos y antisociales en sus tropas.

¡Cuántos puntos ganarían los congresistas, que bien desprestigiados están por su misma culpa! A los organismos estatales les cabe el deber sagrado de ser pulquérrimos, para no caer en las mismas honduras oscuras de aquellos que violan las leyes. Porque, recordemos, no todo lo legal es justo, ni toda autoridad es consecuente frente a situaciones donde lo primero es lo humano.