Editorial

Lo que faltaba para que Colombia siguiera siendo el pais cuestionado por la comunidad internacional, se presentó cuando el flamante exjefe de seguridad del Gobierno pasado, Mauricio Santoyo, aceptó los cargos que le formuló la justicia de los Estados Unidos, por paramilitarismo.

El Gobierno norteamericano, sinemabrgo, le levantó los cargos por narcotráfico al aceptar el primer delito en el marco de la negociación que realizó la defensa de Santoyo con la Fiscalía, en desarrollo del vergonzoso caso.

«Esta importante acusación responsabiliza a un individuo malhechor, que abandonó su deber de proteger a los colombianos para servir a sus propios intereses y los de los traficantes de drogas y terroristas», dijo el fiscal del Tribunal Federal, Neil H. MacBride, al referirse al oficial que estuvo al tanto de todos los operativos que se realizaban en contra del narcotráfico, y cuyamisión ─según la confesión que hizo─ era alertar e informar a los miembros de la criminal «oficina de Envigado», entre otras más.

En una declaración escrita, Santoyo admitió haber aceptado sobornos de miembros de las AUC a cambio de información sobre las operaciones en curso, de aplicación de leyes y otros tipos de asistencia que permitieron a esa organización criminal participar en actos terroristas, y facilitar su actividad en el tráfico de estupefacientes.

Santoyo reveló haber informado a los miembros de las AUC de las detenciones previstas por los cuerpos de seguridad, incluyendo las operaciones de la Dirección Antidrogas Estadounidense (DEA), así como de la realización de «chuzadas» telefónicas no autorizadas, entre otras cosas.

En Antioquia, cuando trabajaba en el Gaula, fue acusado de interceptaciones telefónicas ilegales lo que le valió una sanción disciplinaria de la Procuraduría, que nunca se tuvo en cuenta; por el contrario, se le otorgaron distinciones, condecoraciones, premios y hasta ascensos que nunca había merecido.

Es triste conocer que en Colombia ni siquiera se le había adelantado una investigación preliminar al exoficial, por la serie de delitos que se derivan de las graves acusaciones estadunidenses. Por el contario, se presionó para levantarle sanciones disciplinarias y para ascenderlo hasta el grado de general.

Los congresistas que tuvieron la «brillante» idea de ascender al coronel Santoyo a general, a pesar de sus múltiples cuestionamientos, no pueden pasar de «agache»; deben responder ante los colombianos por sus actuaciones, y contar con detalles los pormenores de ese ascenso que se hizo en un tiempo récord, mientras que se le negaba a oficiales con una trayectoria sin mancha.

Este hecho no puede pasar a la historia como una anécdota más de un pais azotado por los peores criminales de lesa humanidad. Es hora de que, ante la falta de justicia en Colombia, entre a actuar la justicia internacional paraevitar que Colombia siga siendo el paraíso de la impunidad.

Es hora de escuchar a nuestra dirigencia en todos los órdenes.