Los lujos y el derroche de los dineros públicos fueron el común denominador de Colombia en el pleito que perdió. Un juicio se anuncia en el Congreso.

Una investigación se iniciará por el despilfarro de recursos públicos en la «defensa» de Colombia ante la Corte Internacional de La Haya. Nicaragua solo gastó el 5 por ciento del monto que invirtió  Colombia. Los organismos de control están exigiendo informes.

Miles de millones de pesos  gastó Colombia en su fracasada defensa frente al pleito de limites con Nicaragua

Nicaragua celebró el fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ,  que le otorga como zona económica exclusiva decenas de miles de kilómetros cuadrados en el mar Caribe en disputa con Colombia, que por su lado obtuvo la soberanía sobre 6 cayos y aguas adyacentes.

En Colombia, el presidente Santos en una alocución fijó la posición del Gobierno anunciando que la Corte de La Haya se había equivocado en la determinación adoptada:

“No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado, que ella misma había declarado válido y vigente.

Además, la Corte extendió la línea de delimitación marítima hacia el oriente hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense.

Esto significa una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas.

Adicionalmente, contradiciendo una doctrina histórica del derecho internacional, al establecer el límite hacia el oriente del Archipiélago, desconoció otros tratados de límites suscritos por Colombia.

A partir de allí se crea toda una serie de complejidades entre los países del Caribe, que nos obliga a trabajar con los Estados vecinos también afectados para resolverlas.

Tampoco se tuvieron en cuenta circunstancias a las que se ha debido dar peso, tales como consideraciones de seguridad y acceso equitativo a los recursos naturales.

Inexplicablemente –después de reconocer la soberanía de Colombia sobre todo el Archipiélago, y de sostener que éste, como una unidad, generaba derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva– la Corte ajustó la línea de delimitación, dejando los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo separados del resto del archipiélago.

Esto es inconsistente con lo que la propia Corte había reconocido, y no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago.

Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar.

Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia –representada por su Jefe de Estado– rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido.

Por esto, no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos.

El Gobierno respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones.

A mí me eligieron, ante todo, para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia. Ese fue mi juramento.

Dentro de esos deberes constitucionales, está proteger y garantizar los derechos de los colombianos, y honrar los tratados que Colombia ha suscrito con otros países del Caribe.

El artículo 101 de nuestra Carta dice que ‘los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República’”.