Comenzó a ser desarticulada una banda que sustraía las armas de la policía 

La Juez  40 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, dictó medida de aseguramiento intramuros a cinco personas por su presunta responsabilidad en la pérdida de 100 pistolas Sig  Sauer 9 milímetros, las cuales desaparecieron de un depósito aduanero del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

Los afectados con la decisión, son: Jhon Jairo Amézquita Ruíz, Uriel Vasallo Ramírez, Yesid Fernando Quiroga, Carlos Rodrigo Ramírez  Cadena y Alexander García Lemus; quienes según lo expuesto por el Fiscal 20 Antiterrorismo en las audiencias, se dedicaron, supuestamente, a negociar y a vender parte de las 100 pistolas que desparecieron.

De acuerdo con la investigación, el pasado 12 de  noviembre, cuando un perito aduanero revisaba los documentos para nacionalizar 990 pistolas importadas por la Policía Nacional, se descubrió que en 10 cajas, por lo menos, hacían falta un total de 100 armas, las cuales habían llegado de Estados Unidos el pasado 27 de septiembre y cuyo valor es de $88 227 000.

Tras la  investigación, las autoridades realizaron un total de 7 allanamientos, en distintas zonas de la capital del país, donde  fueron sorprendidos los imputados.

El fiscal del caso indicó que  un ciudadano que había comprado un total de 26 de las pistolas, al conocer por los medios de comunicación que estas pertenecían a un lote que se había perdido del Fondo Rotatorio de la Policía, decidió  acudir a las autoridades y entregarlas.

También se determinó que  las 26 armas habían sido vendidas por  $36 750 000 y como parte de la comisión  el negociador recibió $3.000.000.

Según la investigación el cargamento fue escoltado por integrantes de la Policía Nacional, hasta las bodegas, donde se extraviaron las 100 pistolas.

La Fiscalía imputó a los procesados cargos por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado, receptación y  peculado por apropiación; delitos que no fueron aceptados.

Indicó la juez que “esta clase de actuación, la de poner armas del estado en manos de terceros  causa un atentado contra la seguridad pública”, por ello, al culminar las audiencias envió a la cárcel La Picota al funcionario del Fondo Rotatorio, Carlos Rodrigo Ramírez Cadena; mientras que para los otros cuatro imputados dispuso la cárcel Nacional Modelo, como su sitio de reclusión.