Yeraldin Quintero Hernández

Columnista 

La reforma de la educación  superior, en específico a la Ley 30, expedida en 1992, es,  sin duda, una propuesta vacía y nula, puesto que se verán beneficiados unos pocos y afectará a muchos, Siendo este un derecho fundamental, ¿no debería primar el interés general frente al particular? Esta propuesta nos plantea una serie de cambios que, aparentemente, el Gobierno nacional pretende hacerlos parecer como si fueran benéficos, pero en realidad son una fachada que dará paso a la monopolización educativa ejecutada por grandes industrias, En ese esquema lo que primará será el valor económico y no el intelectual.

Esto lo vemos reflejado en los Artículos 32 y 33 de dicha reforma, donde se habla de la autonomía universitaria; debemos aclarar que el concepto de autonomía en la reforma no es el mismo que se establecía en la Ley 30; no es lo mismo decir «autonomía para la inversión» que «autonomía para la libertad del pensamiento»; lo que se pretende adoptar es un sistema de educación de carácter mixto, es decir, para fines del sostenimiento de las universidades por parte del Estado la educación es pública, pero para efectos de la rentabilidad de los inversionistas es privada. Eso  genera que la educación se transforme en mercancía a instancias de la cual  los  docentes ya no enseñarían lo realmente importante para un desarrollo intelectual, sino que estarían subordinados a la palabra de los accionistas; el rector solo sería un garante de una gerencia financiera, no solo ocasionando tales problemas, sino  que, además, la filosofía, las ciencias sociales, el arte, entre otros programas universitarios, serían extinguidos por parte de los inversionistas al no ver que le generen productividad para sus fines.

Es evidente que el Gobierno es autónomo para garantizarles el negocio a los extranjeros de «producir sin pensar», es denigrante ver que de las 70 universidades, aproximadamente, existentes en Colombia ninguna se encuentre entre las 15 primeras en América Latina, que no haya cobertura y, sobre todo, que no exista una inversión moderada para este derecho fundamental.

La educación no es un negocio, es un derecho, y, por ende, debemos hacerlo respetar. No debemos permitir que los sueños y las ganas enormes de aprender se frustren por mentes criminales que lo único que quieren es monopolizar todos los medios. Todo el aparato educativo del Estado se pone al servicio de los intereses de los inversionistas, se desregula para el Estado pero se regula para las multinacionales. Es el espíritu neoliberal que todo lo disuelve, todo lo acomoda según sus propósitos, es la muerte del Estado y de su inversión social, de la educación; sería el triunfo de la ética de la mercancía para una educación manipulada y transgredida por oscuros intereses.