La Justicia está desmantelando el «cartel de la contratación» que se robó a Bogotá, y pronto las deliberaciones del Concejo se trasladarán a La Picota.

 

 

 Primicia

Hipólito Moreno, fue el primer concejal de Bogotá en llegar a La Picota, una vez reconoció ante un juez haber hecho parte del «carrusel de la contratación», la más grande defraudación de los recursos públicos en la historia de Bogotá.

Hipólito Moreno, fue el primer concejal de Bogotá en llegar a La Picota, una vez reconoció ante un juez haber hecho parte del «carrusel de la contratación».

 

Peligro para la sociedad

El concejal José Juan Rodríguez puso en riesgo la vida de millones de bogotanos al haberse apropiado, supuestamente, de miles de millones de pesos que estaban destinados a la construcción de vías.

 

La segunda medida de aseguramiento le correspondió al concejal José Juan Rodríguez, del Partido Verde,  quien con su novia Liliana Pardo, directora del IDU, tenía control total de los multimillonarios contratos.

El concejal José Juan Rodríguez puso en riesgo la vida de millones de bogotanos al haberse apropiado, supuestamente, de miles de millones de pesos que estaban destinados a la construcción de vías en la ciudad, dijo el juez en su pronunciamiento.

El juez que envió a la cárcel a Rodríguez sostiene: «Con una obra que se ejecute de mala calidad se pone en riesgo la seguridad y la vida de la comunidad»; y luego, agregó: «La medida de aseguramiento es necesaria. En su condición de concejal debió coadministrar bien los bienes del distrito».

El concejal Rodríguez, quien en la época del alcalde Samuel Moreno era denominado el «amo» del IDU, disponía de todo. Algunos trabajadores indican  que controlaba hasta los gastos de cafetería.

El juez de control de garantías  negó  la solicitud de la defensa del concejal José Juan Rodríguez, para que este fuera cobijado con el beneficio de la prisión domiciliaria argumentando ser padre cabeza de familia.

El juez  afirmó que los hijos de Rodríguez cuentan con el apoyo de su madre biológica, por lo cual quedó desmentido el argumento con el que buscaba evadir su reclusión en la cárcel La Picota.

Pero el juez fue a fondo y dijo que enviaba a la cárcel al concejal José Juan Rodríguez  por considerar que él representa un peligro para las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el «carrusel de contratos», y, además, porque es un peligro para la sociedad.
Frente a este último punto, el funcionario judicial calificó como «gravísimas» las posibles conductas en las que, posiblemente, incurrió el concejal al hacer parte, al parecer, de esa «feria de contratos» en Bogotá.

De acuerdo con el juez, el concejal José Juan Rodríguez puso en riesgo la vida de millones de bogotanos al haberse apropiado, supuestamente, de miles de millones de pesos que estaban destinados a la construcción de vías en la ciudad.

La Fiscalía presentó el cronograma, según el cual el Concejal Rodríguez, además de la dirección del IDU, se había apoderado de los cargos de exsubdirector de ejecución, Aldemar Cortés; la exsubdirectora de gestión corporativa, Ana María Ospina Valencia; el exsubdirector de licitaciones, Giovanni Adolfo Arenas Beltrán; y la exdirectora general de construcciones, Carmen Elena Lopera Fiesco. También fueron parte de la organización el exsubdirector técnico de esa entidad, Inocencio Meléndez; la cuñada del concejal Rodríguez, Evelyn Deibie Mulfordla. Ella «fue contratada cuando su hoja de vida no cumplía con los requisitos para ocupar un cargo directivo en esta entidad», indicó la Fiscalía.

La novia de Rodríguez, Liliana Pardo Gaona, recibía órdenes de Samuel Moreno, Juan Rodríguez y Julio Gómez.

 

Partido Verde

Hasta el Partido Verde ha tenido su participación en el «carrusel de la contratación». Inicialmente, fue Héctor Zambrano, secretario de Salud y hombre de confianza del alcalde Luis Eduardo Garzón, para luego desempeñar ese mismo cargo en la Administración de Samuel Moreno, en representación del Partido Verde.

Ahora, Alfonso Prada, presidente del Partido Verde, hizo  la expulsión del concejal José Juan Rodríguez, basándose en la imputación de cargos de la Fiscalía y la orden del juez de llevarlo a la cárcel, situación que riñe con los estatutos del Partido.

«Varias veces le pedí que se fuera del Partido, pero se negó; ahora mismo el comité de ética lo desvinculará completamente, y le pedimos a la Justicia que se le garantice el debido proceso, pero también le solicitamos al fiscal continuar desenredando la pita del ‘carrusel’, y que caiga quien tenga que caer, así sea de nuestro partido», agregó.

 

Los que siguen

Andrés Camacho Casado es el concejal más mencionado en el marco el «cartel de la contratación». Su turno es para Julio.

 

 

La Fiscalía General de la Nación llamó a audiencia de imputación de cargos a los concejales de Bogotá Orlando Parada y Andrés Camacho, así como a Iván Hernández Daza, jefe de mantenimiento de la Unidad de la malla vial por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.

La investigación está relacionada con el denominado «carrusel de la contratación», por las presuntas irregularidades que sucedieron en la adjudicación de varios contratos a diversos empresarios, por más de 100.000 millones de pesos para la Unidad de mantenimiento, durante 2009 en la Administración del exalcalde Samuel Moreno.

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, dijo que «existen serios indicios de responsabilidad en contra de los dos concejales, Orlando Parada y Andrés Camacho, y de Hernández, que se han obtenido con base en documentos e información aportada en el proceso de colaboración a la Justicia, por parte de Emilio Tapia, Julio Gómez, y recientemente, el exconcejal Hipólito Moreno».

Las audiencias para Hernández Daza y para los concejales se llevarán a cabo el 9 y 11 de julio próximo, respectivamente. La Fiscalía también solicitó la medida de aseguramiento para los investigados.

El concejal Orlando Parada salió apresurado a indicar su inocencia. Tiene turno ante el juez para el mes de julio.

 

Los concejales

La convivencia entre el Concejo y el alcalde Samuel Moreno está siendo demostrada, de acuerdo a la manera como avanza la investigación por parte de la Fiscalía, organismo que ha manifestado que los delincuentes deben pagar con cárcel sus faltas.

 

Cuando se iniciaron las primeras pesquisas salieron a relucir los nombres de los siguientes concejales de Bogotá: Orlando Parada (‘la U’), Javier Palacio (‘la U’), Andrés Camacho (‘la U’), Julio César Acosta (Cambio Radical), Wilson Duarte (Polo), Rafael Escrucería (PIN), Fernando Rojas (Polo), Fernando López (Cambio Radical), Jorge Durán (Partido Liberal), José Juan Rodríguez (Partido Verde), Omar Mejía (Conservador), Jorge Ernesto Salamanca (Partido Liberal), Hipólito Moreno (‘la U’), Édgar Torrado (‘la U’), Antonio Sanguino (Verde), Severo Correa  (‘la U’) y Henry Castro (Cambio Radical).

Delaciones

La vinculación de los concejales, a pesar de haberse mencionado una vez cayó en desgracia el exalcalde Samuel Moreno, comenzaron a circular múltiples versiones de cómo actuaban para apoderarse de los recursos económicos de los bogotanos, a través del famoso «carrusel de la contratación». Las versiones fueron confirmadas con documentos y videos aportados por los otrora «amos» de la contratación, Emilio Tapia y Julio Gómez.

Con estas delaciones la Fiscalía revisó la documentación, y en varios casos pudo establecer la veracidad de los hechos en los que quedaron implicados los concejales.

Emilio Tapia, en su negociación con la Fiscalía, comprometió a los siguientes concejales: Jorge Durán, con el Acueducto de Bogotá; Fernando Rojas, con la Caja de Vivienda Popular; Orlando Parada, con el Fondo de Vigilancia y Seguridad; Hipólito Moreno, con la Secretaría de Salud; Wilson Duarte, con la Terminal de Transporte; Andrés Camacho, con las Alcaldías locales y el Fondo de Vigilancia y Seguridad.

Julio Gómez, en su negociación con la Fiscalía, entregó declaraciones y documentos que comprometen con diversos delitos a los siguientes concejales: José Juan Rodríguez, Hipólito Moreno, Orlando Parada, Jorge Ernesto Salamanca, Javier Palacio, Édgar Torrado, Julio César Acosta, Andrés Camacho, Fernando López, Fernando Rojas, Jorge Durán, Antonio Sanguino, Omar Mejía, Severo Correa, Rafael Escrucería, Henry Castro y Wilson Duarte.

Acusaciones mutuas

Varios abogados relataron cómo los concejales comprometidos con la mayor defraudación de los recursos públicos de Bogotá estarían dispuestos a acusar a sus propios compañeros de participar del robo a Bogotá, con el propósito de ganar beneficios de la Justicia.

El terror que se vive en el Concejo de Bogotá es total, porque la cadena de partícipes del «carrusel de la contratación» no solamente llega hasta los concejales, sino que otras numerosas personas están comprometidas con las irregularidades y hoy temen ser delatadas.

En pasillos de la vieja casona donde funciona el Concejo, se empezaron los rumores sobre el cambio de testaferros para evitar que los bienes adquiridos con los dineros sustraídos al fisco sean detectados.

También las versiones apuntan a que nunca se sabrá el monto de la defraudación, porque es tan grande que se ha perdido la cuenta, ya que las irregularidades se produjeron en todos los niveles de la Administración.

El terror en el Concejo es total, y solo comparable cuando hace más de 20 años fueron capturados 28 concejales de Bogotá por el escándalo de los auxilios en el gobierno del alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer.

Los concejales que, uno a uno, están llegando a La Picota reemplazan a los congresistas de la ‘parapolítica’ que, también uno a uno, están recuperando su libertad por pena pagada.