Los ciruelos un paraíso, que quiere ser arrebatado a los colombianos por unos avivatos

 

 

 

 

 

 

Alejandro Arias

Santa Marta

Primicia

El 4 de noviembre de 2011 afirmé que el proyecto del hotel en el Parque Tayrona con la franquicia Six Senses resultaba ser la continuación de un experimento que ya había dado resultados: los Ciruelos 1 y 2.

 

Proyecto que para la fecha contaba con licencia ambiental y sus propietarios resultaban ser dos de los accionistas de la sociedad Promotora Arrecifes SAS., los mismos del Six Senses.

 

Mediante Resolución 0631 del 3 de abril de 2009 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó licencia ambiental para el desarrollo del proyecto “ecoturístico Los Ciruelos” localizado en el Parque Nacional Tayrona en terrenos adyacentes a la ribera nororiental de Bahía Concha, a la altura de la Playa Los Ciruelos. Licencia otorgada a nombre de Julio Sánchez Sierra, propietario de los terrenos, y a quien se le facultó construir 12 ecocabañas en un área de 24 mil metros cuadrados al igual que dos muelles de acceso a la infraestructura del proyecto, uno en cada playa, y se le concedió permisos para el vertimiento de aguas negras y grises en todas las etapas de construcción y puesta en funcionamiento del mismo.

 Los ciruelos tienen enfrentados al presidente Santos y al expresidente Uribe

Iniciativa a la que le complacieron además solicitudes como el aprovechamiento forestal gratuito de 21,16 metros cúbicos de bosque tropical, bosque secundario y rastrojo tomados de los mismos bosques del Parque Tayrona para el desarrollo del proyecto; la exploración gratuita de aguas subterráneas para la construcción y puesta en funcionamiento del mismo; la construcción de dos cabañas para los administradores y la concesión subrepticia y gratuita, bajo la figura de intervención, de la zona de playa en Los Ciruelos.

 

Licencia que además se expidió sin que se hubieren cumplido con las consultas previas con las comunidades indígenas de la SNSM solo porque la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio OFI108-322-DET-1000 del 10 de enero de 2008, certificó que “NO SE REGISTRAN comunidades indígenas en el área del proyecto”.

 

Paradójicamente el mismo Ministerio del Interior revocó un oficio parecido a favor de la construcción del Six Senses por comprobarse que tal certificación no correspondía a la realidad (certificaba una falsedad) y con ella se desconocían derechos fundamentales de las etnias indígenas de la SNSM  pero la de Los Ciruelos, que presenta la misma falsedad, sospechosamente no fue objeto del mismo trámite de revocatoria.

 

Por otra parte el Ministerio de Medio Ambiente mediante Resolución 1405 del 19 de julio de 2010 autorizó la cesión de la licencia ambiental autorizada a Julio Sánchez Sierra en favor de la sociedad Reserva Los Ciruelos SAS que resultó tener como socios fundadores a dos de los accionistas de la entonces sociedad Promotora Arrecifes SAS, la misma del hotel siete estrellas.

 

Estos socios fundadores son los señores Juan Rafael Hurtado Yoda y Nicolás Simón Solano Tribín. El primero también  representante de una empresa accionista de Mayagüez, sociedad beneficiaria de Agro Ingreso Seguro y citado por Daniel Coronell en un informe relacionado con aportes a la campaña de y el segundo igualmente beneficiario de AIS y cuya citación para imputación de cargos había sido promulgada por la Fiscalía General de la Nación para finales del año pasado.

 

Para facilitar la cesión de marras las partes procedieron a registrar un título de cesión de tenencia de la propiedad (operación prohibida por estar dicho terreno dentro de parque naturales nacionales) apoyados en un contrato de arrendamiento protocolizado mediante Escritura Pública 1171 de fecha 24 de junio de 2010 suscrita en la Notaría Segunda de Santa Marta.

 

Claro que revisado el folio de matrícula inmobiliaria 080 – 27083 se constató que éste se desprende de uno de mayor extensión, el número 080 – 6989. Folio del que se han hecho serias observaciones de carácter legal y que están consignadas en los estudios de títulos contratados por la Dirección de Parques Nacionales a los juristas Filipo Burgos Guzmán y Marlenny Díaz Cano. Estudios que apuntan a concluir que los terrenos en los que se pretende construir dicho proyecto y al que se le otorgó licencia ambiental pueden resultar ser de la Nación y no propiedad privada pues al parecer hubo maniobras ilícitas para los registros y titulación de los mismos.

 

Irregularidades que fueron puestas en conocimiento del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, respecto del cual se pronunció en un informe publicado por Noticias Uno. Informe que por cierto mereció un premio Simón Bolívar 2012 al periodista Paul Bacares y en cuya investigación participamos la periodista Dianas Salinas y el suscrito. Las mismas irregularidades que posteriormente quedaron consignadas en el informe especial rendido por la Superintendencia de Notariado y Registro a la Dirección de Parques Nacionales y al señor Presidente de las República conforme consta en el punto 7 del título de “casos especiales” de dicho informe .

De todas estas irregularidades fue puesto en antecedente el Subdirector de la ANLA, Rodrigo Suarez, con la esperanza que de forma oficiosa avocara el conocimiento y dispusiera la revocatoria de la licencia ambiental proferida a efectos de evitar otra impunidad en materia de licenciamiento ambiental conforme a los criterios dispuestos por la Corte Constitucional con la Sentencia C 746 de 2012; pero parece ser que la ANLA prefirió caminar de la mano del Código Penal.

Robledo se pronuncia

 

Bogotá, 13 de enero de 2012

 

Doctor

JUAN GABRIEL URIBE

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ciudad

 

Ref.:   Para que cese la conspiración en su contra, no debe haber propiedad privada dentro del Parque Tayrona.

 

Amable saludo:

 

Luego del amplio rechazo al anuncio alborozado del Presidente Juan Manuel Santos de que la multinacional Six Senses se aprestaba a construir un hotel de siete estrellas en el Parque Tayrona, el ministro de Ambiente afirmó que dicho hotel “estaba muerto”. Así mismo, las autoridades transmitieron la idea de que tampoco se construiría en el Parque el proyecto turístico Los Ciruelos. De esta forma parecieron quedar anuladas las dos nuevas amenazas hoteleras privadas contra el Tayrona, que se sumaron a otras ocurridas desde su propia creación en 1969.

 

Pero la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–, oficina adscrita al ministerio de Medio Ambiente, al finalizar el año pasado, le dio el pase a la continuación de las obras en Los Cerezos y los propietarios de Six Senses han anunciado que siguen con el plan de construirlo, como si en Colombia no hubiera leyes ni opinión pública que respetar. Incluso, Six Senses fue capaz de presentar como legal una falsa consulta indígena.

 

Dada la mayúscula y conocida importancia del Parque Tayrona, sobra sustentarle por qué debe protegerse con todo rigor y por qué someterlo a la “eco” codicia de los inversionistas nativos y extranjeros constituye una monstruosidad. Lo que hay que encontrar es la manera de cuidarlo como es debido.

 

La experiencia de más de 40 años ha demostrado que el Parque Tayrona contiene el germen de su propia destrucción en la codicia de los propietarios privados que hay dentro de su área, quienes no han cejado ni cejarán en su propósito de valorizar por incontables veces sus predios, convirtiéndolos en “eco” negocios. Razón tiene la Directora de Parques cuando afirma: “lo ideal es que no hubiese propiedad privada en los parques” .

 

Debería, entonces, su ministerio promover que toda el área del Parque Tayrona pase a manos del Estado. Y el gobierno tiene en las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 las herramientas para hacerlo, bien sea que los particulares deseen o no transferir sus predios y que sus escrituras sean legales o ilegales –5.415 y 5.082 hectáreas, respectivamente, según la Superintendencia de Notariado y Registro

 

Atentamente.

 

JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Senador