Los fallos que «cocina» la Justicia

En Colombia parece que todos los sectores de la sociedad se acostumbraron a que los escándalos de corrupción pasen como algo normal. Se perdió el sentido de rechazar la acción de unos cuantos corruptos, que hacen ver al país como un territorio donde impera la mafia de la deshonra y la desfachatez.

Es triste y lamentable el espectáculo que  está dando Henry Villarraga,  uno de los magistrados del Concejo Superior de la Judicatura; ha estado involucrado en, prácticamente, todos los escándalos de ese alto tribunal, y no ha tenido el suficiente coraje para entregarle una explicación al país sobre su conducta.

Sin embargo, el representante de la Justicia, a quien las autoridades lograron grabarle de manera legal unas conversaciones telefónicas, sin vergüenza alguna manifestó que está «cocinando» la fórmula para evitar que violadores de los derechos humanos sean juzgados por la justicia ordinaria y pasen a la justicia penal militar, donde encuentran la forma de evadir la ley.

Cómo es posible que en Colombia existan algunos magistrados sin ética, que, al parecer, en vez de haber estudiado las leyes se han dedicado a la «gastronomía», como lo dice un avezado jurista. Esta clase de magistrados seguramente se capacitaron como chefs para poder «cocinar» acuerdos que permitan que la impunidad siga rondando en Colombia. Incluso menciona cómo esta clase de «cocineros» hasta cuentan  con sus propios familiares como «ayudantes», que se encargan de la última «sazón». El «suculento» plato de impunidad tiene un valor de 400 millones de pesos.

Es hora de que la justicia internacional intervenga en Colombia para evitar que sigan sucediendo a diario estos hechos, que perjudican a las víctimas y favorecen a los victimarios en complicidad con  los corruptos.

El Gobierno nacional está en la obligación de tomar severas  medidas sobre el caso, para detener esta modalidad que se ha impuesto en buena parte de los despachos desde donde se administra la Justicia.

Los ciudadanos exigimos de las autoridades la investigación exhaustiva de las denuncias, y en caso de comprobarse la culpabilidad, la aplicación de un castigo ejemplar, para evitar que esta clase de acciones se sigan promoviendo.