Mientras en el país se debate si se termina con la feria de multimillonarias pensiones de un pequeño sector conformado por congresistas, magistrados, embajadores y otros altos funcionarios del Estado, o si se pone punto final a la desigualdad existente en Colombia, el 90 por ciento de las reclamaciones de pensiones que no ascienden a más de un salario y medio mínimo, han sido negadas con el argumento de que no cumplen los requisitos, a pesar de que sus reclamantes llevan más de 20 años trabajando y cotizando. En cambio, algunos privilegiados que pasan por algunos cargos claves por 30 o 90 días logran multiplicar sus pensiones.

Esta situación ha originado que salten al debate algunos beneficiados para reclamar que se respeten los derechos adquiridos, por encima de cualquier decisión.

El mismo procurador, Alejandro Ordóñez, que, supuestamente, es el representante del Ministerio Público, y, por ende, debe proteger los recursos del Estado, tomó partido y está a favor de las altas pensiones para magistrados y algunos funcionarios de la cúpula estatal.

Incluso ya se acusa al procurador de que será beneficiario de una millonaria pensión, una vez concluya su labor.

Las Cortes, el Congreso y el Gobierno han cerrado las puertas del debate y quieren que la costumbre se imponga, sin importar que la mayoría de los colombianos nunca vaya a tener la oportunidad de pensionarse, así haya trabajado toda una vida.

La injusticia sigue rondando en el país, y aun así algunos despistados argumentan que la gente de Colombia es la más feliz del mundo.

Colombia necesita que el debate sea amplio, con la participación de todos los sectores, no uno como el que se realiza con unos pocos avivatos que hasta el día de su muerte seguirán devengando del Estado. Hay una gran encrucijada, y hay muchas presiones para los magistrados de la Corte Constitucional, para que no toquen las «megapensiones».