Balance del orden público en Cundinamarca presenta el Gobernador Álvaro Cruz Vargas

Cundinamarca era hace poco tiempo la joya de la corona para la guerrilla. Estaba asediada en más del 60 por ciento de su territorio y 50 de sus municipios por los frentes rurales 22, 42, 51, 52, 53, 55 y 31 de las Farc, más otras columnas y frentes móviles. Era el ejemplo de la urbanización del conflicto que las Farc lanzaron en su VIII conferencia y que las llevaron hasta las goteras de Bogotá.

En el año 2003 varias de sus provincias, entre ellas la del Tequendama y de Rionegro, en municipios como Viotá o La Palma, eran verdaderos teatros de guerra que dejaron una estela de muertes. Producto del conflicto, el número de víctimas en solo ese año alcanzó las 500, lo que elevó la tasa de homicidios a 50 por cada cien mil habitantes.Por ello sorprende que hoy Cundinamarca sea un territorio muy próximo a la paz que anhelamos todos los colombianos. Ya no tiene frentes activos de las Farc, menos del ELN, que casi nunca tuvo presencia en el departamento. Tampoco de los paramilitares. El número de homicidios el año pasado estuvo cercano a los 420, lo que redujo la tasa a 16 por cada 100 mil habitantes, la mitad de la media nacional.

Eso la ubica como el cuarto departamento menos violento del país después de Boyacá, Córdoba y Santander. A noviembre del año pasado de un total de 116 municipios, 54 registraban cero homicidios y 29 contabilizaban solo uno.

El encomiable logro fue sin duda producto de la ofensiva y labor de la Fuerza Pública desde 2003, con operaciones como “Libertad Uno”. Pero el hito estuvo precedido del accionar no santo que desplegaron los paramilitares desde 2002, lo que pavimentó el camino a la Fuerza Pública para imponer el orden. Por fortuna, desde entonces Cundinamarca ha logrado ser rescatada del cultivo de la coca y los grupos financiados por narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, quedaron como parte de la historia.

El lunar negro lo sigue constituyendo Soacha, que en el 2012 alcanzó casi los 200 homicidios, es decir, cerca de la mitad del total de la región. Si se excluyera a este municipio de la medición, Cundinamarca sería el segundo departamento menos violento del país después de Boyacá, lo que demuestra la importancia de prestarle atención a su difícil situación.

Ahora que está tan de moda la figura de los consejeros presidenciales, hasta para Soacha, valdría la pena que su relevancia no finalizara en una visita presidencial y más bien hubiera un plan concertado con el Gobierno Nacional para acabar con los territorios de nadie y bolsones de violencia en Altos de Cazucá y La Florida.

Cundinamarca ha logrado pues liberarse de los grupos armados ilegales, circunstancia que confirman alcaldes como el de Caparrapí, Carlos Humberto Calvo, o La Palma, Luis Hernando Rojas, quien por poco perdió la vida en un atentado en el 2001. Pero la sostenibilidad de la relativa paz que hoy goza no está garantizada, a pesar de interrogantes por ahora despejados como el que planteara en el 2008 la Fundación Seguridad y Democracia, según la cual los frentes 22 y 42 de las Farc se encontraban en un proceso de reorientación y unos 7.000 hombres del Bloque Oriental tratarían de recuperar el noroccidente cundinamarqués y la zona de Rionegro. Eso no ha sucedido.

Pero sería cándido pensar que el departamento no necesite de un acuerdo de paz, de elaborar la memoria histórica de su violencia, como una forma además de resarcir a sus víctimas, y de dar espacio político a todas aquellas expresiones de inconformidad que desde los años 50 se asentaron en varias de sus regiones, en particular el Sumapaz.

Cabe recordar que el ciclo de violencia de los años 90 y comienzos del 2000 no fue nuevo en Cundinamarca. Ya en los años 50 fueron muchos los coterráneos que tuvieron que huir de sus comarcas y a las cuales muy pocos pudieron regresar.