SERIEDAD ANTE TODO

La situación de crisis en Bogotá nos tiene hasta la coronilla. Un asunto,  que debió definirse con seriedad, es utilizado ideológicamente para beneficiar cada uno de los sectores en conflicto.

«La extrema derecha quiere arrogarse la autoridad para quitar del paso a funcionarios que no comulguen con su ideología», sostienen los defensores del alcalde, Gustavo Petro Urrego.

«El alcalde Petro debe dar ejemplo, y acatar la sanción de la Procuraduría; pero ahora pretende hacerse el mártir para buscar beneficios políticos», sostienen los defensores del Procurador, Alejandro Ordóñez.

Vergüenza internacional sentimos cuando organizaciones por fuera de nuestro país tengan que definir una situación que es interna, pero que ha tenido que ventilarse por fuera de Colombia ante la falta de garantías y de un fallo imparcial en el caso del alcalde Petro.

Los hechos han demostrado que el fallo emitido por la Procuraduría no fue justo, y que quienes firman el documento se limitaron a recibir y cumplir órdenes y dejaron  por fuera el aspecto  jurídico.

Los propios firmones no tienen la capacidad ni la seriedad para asumir una investigación de esas proporciones. Uno de ellos es tratado como el «hijo» del procurador, y ha recibido ayuda de toda clase durante buena parte de su vida. El otro no tuvo la valentía de hacer valer sus conocimientos jurídicos para asumir una posición, y se limitó a firmar como se lo ordenaron.

Esta serie de revelaciones y detalles se han conocido en la Procuraduría y de  propia boca de los procuradores delegados que firmaron el cuestionado fallo.

Grave es para Colombia que los cargos de manejo disciplinario se utilicen para imponer ideologías y creencias religiosas, mientras contra quienes hacen parte de esas creencias, a pesar de cometer delitos contra la moral pública, ni siquiera se  abre un proceso, como ha ocurrido con los congresistas jefes de debate de la reelección del procurador Ordoñez.

La misma Procuraduría ha reconocido que el alcalde Petro fue sancionado por una conducta equivocada en el manejo de las basuras, es decir, por un error administrativo y no por corrupción.

Algunos abogados se han hecho la siguiente pregunta: ¿Se justifica destituir a un funcionario elegido por un pueblo, e impedirle el ejercicio de la política por 15 años?

Es bueno traer a colación la famosa frase de Voltaire dirigida a un contendor político: «No estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría hasta la última gota de mi sangre por defender el derecho que tienes a expresarlas».

Queremos los colombianos un país serio, donde se tomen las determinaciones de acuerdo a la Constitución, la norma y las leyes,  no a los caprichos ideológicos.

Ojalá que este episodio nos ponga a todos a reflexionar sobre la importancia de una justicia social.