Verdad,  justicia y reparación Integral  de víctimas y recorte presupuestal del gastos militar, para invertir en protección, rehabilitación social y económica de reinsertados y desmovilizados que se acojan al proceso de paz

Álvaro Jesús Urbano Rojas

Primicia Popayán

Para una paz estructura sociológica, jurídica y políticamente, sin que se desnaturalice por la crisis del posconflicto, a consecuencia de la ausencia de reconciliación ciudadana, me atrevo a plantear algunos fundamentos teleológicos,  tratando de explicar la manera como se puede materializar la paz como anhelo impostergable en el devenir histórico de la Nación.

Si la salida es política, se tendría que suscribir un pacto social de perdón y acatamiento a la institucionalidad; donde los grupos armados depongan las armas, entreguen las líneas de mercados ilícitos y los gobernantes, renuncien  a la corrupción, al monopolio de las estructuras de poder  y al despilfarro de recursos públicos,  para ser invertido en la etapa del posconflicto.

Firmado el acuerdo, se debe dotar a la administración pública,  de un sistema moderno de planeación, ejecución y control de  recursos públicos, capaz de mejorar  la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, recreación, saneamiento básico, servicios públicos, vivienda de interés social,  con igualdad de oportunidades para víctimas y victimarios; en un proceso de  acomodamiento  de reinsertados y ciudadanía. Que les permita vivir en comunidad con dignidad y respeto y un esquema de seguridad para defender la vida e integridad física de los reinsertados sin que se repita la siniestra historia de anteriores desarmes.

En el posconflicto, hay que  potencializar la diversidad  étnica y cultural, como sustento de proyecto de país, región y ciudad; incluyentes, participativos que respondan al interés colectivo de la mayoría, respetando los derechos de las minorías, garantizando la equidad de género y teniendo a la mujer como protagonista principal del posconflicto, en sus roles de madre, esposa, trabajadora, estudiante, líder y actora social, de alta influencia en los derroteros que orientan los destinos de la patria.

La etapa del posconflicto, debe darles  especial  protección a los niños, jóvenes,  a la tercera edad,  a los discapacitados, como población vulnerable que requieren  atención urgente, integral y gratuita a cargo del Estado.

Se requiere de una política pública para los hijos y huérfanos del conflicto, que neutralice el desarraigo, la violencia juvenil e intrafamiliar, el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, pandillismo, el terror en los estadios y espectáculos públicos; a través de un modelo pedagógico para la paz, la convivencia pacífica y la  solución alternativa de conflictos. Un compromiso real por parte de  organismos internacionales para  evitar  el reclutamiento de menores por parte de grupos al margen de la Ley.

Verdad,  justicia y reparación Integral  de víctimas y recorte presupuestal del gastos militar, para invertir en protección, rehabilitación social y económica de reinsertados y desmovilizados que se acojan al proceso de paz, así como  la excarcelación y rehabilitación de soldados y policías judicializados por acciones del servicio.

El posconflicto deberá respetar los derechos humanos de  víctimas, desplazados y reinsertados, soldados y policías condenados por acciones del servicio; fortalecer la Fuerza Pública y reactivar  los Consejos regionales de seguridad ciudadana, erradicar el narcotráfico, el secuestro, la extorción, el terrorismo, el tráfico de armas y la minería ilegal con intervención militar y policial, contra bandas criminales por fuera del proceso de paz.  Ante todo contar con un Estado fuerte, capaz de juzgar de manera ejemplar  los delitos de lesa humanidad.

Para la paz los gobernantes, deben renunciar  a la corrupción, al monopolio de las estructuras de poder  y al despilfarro de recursos públicos,  para ser invertido en la etapa del posconflicto.