¿Posconflicto militar, posconflicto social, o, ambos? He ahí el dilema que se debe resolver pronto para aclarar el galimatías oficial existente, con el fin de continuar avanzando en la mesa de La Habana hasta el acuerdo final, no la paz negociada o negociación con la guerrilla, como lo llama el galimatías oficial.

 Alberto Pinzón Sánchez

La insurgencia colombiana, como es fácil de comprobar por sus múltiples y numerosos comunicados, siempre ha tenido como referente jurídico-político para la caracterización del llamado  por el Gobierno «conflicto colombiano», la doctrina producida por la Convención de Ginebra, especialmente el artículo 1 del Protocolo Adicional II, que el Comité Internacional de la Cruz Roja ratificó escuetamente en su dictamen del 2008 así:

Conclusión: Sobre la base de este análisis (Convención de Ginebra 1949. Artículo 1, Protocolo Adicional II y el DIH) el Comité Internacional de la Cruz Roja ─CICR─ propone las siguientes definiciones, que reflejan la firme opinión jurídica que predomina actualmente:

1-. Existe un conflicto armado internacional cuando se recurre a la fuerza armada entre dos o más Estados.

2-. Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos que surgen en el territorio de un Estado (parte en los Convenios de Ginebra). El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima». Dictamen del CICR, marzo de 2008.

Además, para mayor claridad y comprensión de la situación colombiana, la insurgencia le agregó a esa caracterización un componente «histórico» (que está en proceso de clarificación) y una cualidad definitoria: es un conflicto armado, pero al mismo tiempo social.

Sin embargo, esa unidad de criterio no ha sido la misma por parte del Estado colombiano, en donde abunda la confusión conceptual y se da un verdadero galimatías teórico estructural-funcionalista, que ha dado prelación al aspecto militar, en detrimento de su contrario jurídico-político, acabado de mencionar, que, por su peso e inercia de tantos años, ahora está cargando negativamente el avance de los actuales diálogos de La Habana, Cuba, en donde se está buscando terminarlo como un todo.

No es el momento de hablar de la «obsesión anticomunista» de la oligarquía militarista colombiana y su acicate estadounidense para eliminar, por «vía militar», la Insurgencia surgida de su afición al uso de la violencia política sectaria desde el poder central, y a su incapacidad (como clase hegemónica dominante) para resolver por medios políticos el «conflicto social» surgido de la inevitable y omnipresente lucha de clases, motor de las sociedades y de la Historia.

Bástenos aquí  mencionar el monstruoso aparato militar, con su correspondiente monstruo jurídico de códigos, edificados en Colombia en las últimas décadas con más de medio millón de soldados y policías, dotados con la última tecnología para la muerte por los EE. UU., Inglaterra e Israel, junto con los multimillonarios recursos financieros para su funcionamiento (por ejemplo el 6 % del PIB conocido) dizque para enfrentar una insurgencia que el mismo Ministerio de Defensa  colombiano cifra en no más de 10 mil guerrilleros solamente.

En su tenacidad por privatizar el Estado colombiano, demostrada a lo largo de toda la historia patria, es decir, utilizar para fines privados las instituciones públicas, la oligarquía dominante no ha podido resolver una segunda contradicción histórica que le ha deparado su dominio violento y sectario, que actualmente está lastrando aún más los avances en la mesa de La Habana: la contradicción entre lo público y lo privado. Y por eso tenemos no solo una llamada Fuerza Pública, «guachimán» de los intereses de un pequeño grupo oligárquico gobernante que se comporta en el territorio de Colombia como una fuerza de ocupación extranjera, que para llevar a cabo el objetivo de derrotar militarmente a la insurgencia ha tenido que crear una fuerza privada colateral, como  los paramilitares de la familia Castaño y la familia Mancuso, que  privadamente hoy, como en el año 2000 en el Caguán, pide ser «un tercer actor en la negociación».

¿Qué se resuelve en La Habana: la llamada guerra en Colombia, o el conflicto social, que es armado? La respuesta a esa simple e ingenua pregunta marca nuestro ingreso como colombianos al mundo civilizado y tan anhelado de la modernidad.

Los militares colombianos (ojo, en su mayoría) ya no están interesados, como en la década de los 70 del siglo pasado, en el reformismo militar de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy. Están muy interesados, eso sí, en los aspectos llamados «técnicos» de la confrontación militar actual; y eso es lo que ha ido a discutir (a muy buena hora) el «guerrero» general Flórez con su comisión de inteligencia militar.

El problema surge cuando se habla del Partido Comunista Clandestino (PC tres), que es una fuerza social clandestina pero existente y real, no un agente del conflicto ─como lo llama el galimatías oficial─ que obsesionó al defenestrado general Puyana y que él identificaba con su ceguera anticomunista con el movimiento social y político Marcha Patriótica, a la que el Estado colombiano le ha causado hasta la fecha más de 40 «bajas» de dirigentes sociales y populares.

Y es tal la confusión que el galimatías teórico oficial (bis) ha creado que, hasta el mismo aparato mediático de propaganda del régimen le pide a la llamada Fuerza Pública una vocación reformista, de la que carece, para enfrentar lo que llaman el postconflicto. ¿Cuál es la razón por la cual el aparato de propaganda del régimen le pide peras al olmo, sino la confusión teórica?

Sería ideal que la llamada Fuerza Pública de Colombia ayudara a la solución del aspecto social del conflicto colombiano, no con los robots policíacos del  Esmad y las bombas militares, tipo racimo, arrojadas indiscriminadamente sobre la población civil en los campos y veredas colombianas; sino como una fuerza (no agente del conflicto, como lo llama el galimatías oficial) que con sus experiencias de planificación y ejecución de proyectos colaborase con el Departamento Nacional de Planeación, en lo que el galimatías oficial  ha dado en llamar genéricamente como posconflicto.

¿Posconflicto militar, posconflicto social, o, ambos? He ahí el dilema que se debe resolver pronto para aclarar el galimatías oficial existente, con el fin de continuar avanzando en la mesa de La Habana hasta el acuerdo final, no la paz negociada o negociación con la guerrilla, como lo llama el galimatías oficial.