La excontralora Sandra Morellli  esta a punto de ir a la cárcel. Las pruebas según los acusadores son contundentes

Medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria fue la que solicitó el Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de la ex Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico.

Durante la audiencia, el fiscal a cargo de la investigación presentó más de 7 evidencias para sustentar la inferencia razonable sobre la posible autoría de la ex funcionaria pública en la comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, con circunstancias de mayor punibilidad.

Teniendo en cuenta la gravedad de las conductas punibles, así como la gravedad de los daños causados por los costos que ha generado para el Estado en época de austeridad, «es necesaria la medida de aseguramiento», además «la actitud de la excontralora demuestra desdeño e indolencia por el patrimonio público», señaló el delegado fiscal.

Indicó que la medida resulta idónea para que comparezca, ya que el monto de la pena que podría afrontar en caso de ser hallada responsable, superaría los 8 años de prisión.

El 11 de septiembre último, ante la magistratura del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía formuló imputación de cargos a Maria Sandra Morelli Rico, por las presuntas irregularidades en que incurrió al realizar contratos para el cambio de sede del Nivel Central de la Contraloría General de la República.

Presuntamente, Morelli Rico en calidad de Contralora habría suscrito los contratos 233 y 234 del 29 de marzo de 2012 con la firma Proyectos y Desarrollos I S.A., cuyo objeto era la adquisición de servicios de alquiler de la nueva sede física de la Contraloría, con los cuales contrajo una obligación mensual de $2 703 685 689.

Así, indicó el fiscal, se habrían violado los principios de planeación, economía y selección objetiva, generando un detrimento de $12 292 636 453, por pago de arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, en el que se evidenció un sobre costo en el valor del canon.

Para la celebración de estos contratos se cometieron irregularidades en los estudios previos sobre la justificación de la necesidad, en el estudio de mercado que no tenía rigor técnico, en la selección del contratista y en un doble pago por el mismo objeto del contrato.

Otra de las conductas que la Fiscalía reprochó a la excontralora fue la enajenación de las sedes propias, como el edificio Centro Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque, a través de los contratos interadministrativos CM-019-2013 y CM-009-2014, con la empresa Central de Inversiones S.A. CISA, que tenían como objeto transferir a título de compraventa estos bienes y por los cuales firmaron escrituras públicas que otorgaban el dominio. Supuestamente Morelli Rico provocó la condición de no uso de dichos inmuebles para enajenarlos.

Hoy  3 de diciembre, a las dos de la tarde, continúa la audiencia en la que el magistrado de control de garantías dará a conocer la decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento y la orden de captura internacional pedida por el fiscal.

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