GUERRA SUCIA
Acusaciones a diestra y siniestra se lanzan de manera no responsable, desde buena parte de las campañas presidenciales, con el propósito de mejorar su respectivo reconocimiento ante la ciudadanía; o para buscar el hundimiento de sus rivales. Los hechos suceden diariamente, y a pesar de su gravedad la misma «dirigencia política» se encarga de minimizarlos para sacar ventajas electorales.
Esos acontecimientos empañan más la ya oscurecida imagen de Colombia ante el mundo. La imagen de corruptos, narcotraficantes, criminales de lesa humanidad está formada por acusaciones que recibimos los colombianos de bien, como consecuencia del comportamiento de una escoria minoritaria; escoria que dice representarnos, para colmo de males.
El caso de los 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico, entregados a asesores de imagen del candidato-presidente, Juan Manuel Santos, debe ser investigado a fondo; si es realidad la acusación de que se lucraron personas cercanas al Gobierno nacional, ellas deben pagar con cárcel los delitos que cometieron.
Las interceptaciones telefónicas ilegales, que atentan contra la seguridad nacional, y en especial contra un proceso de paz, es un crimen de grandes proporciones. Por eso, sus autores deben ser juzgados, y si se los encuentra culpables, deben recibir unas condenas ejemplares; y que ojalá, delaten a sus cómplices o jefes que les ordenaron esa clase de actividades delincuenciales.
Colombia merece una clase política y dirigente, en todos los poderes, extremadamente pulcra, y por ello cada día se justifica la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que permita de una vez por todas erradicar todos los vicios que instaló la mafia ‘narcoparamilitar’ que se tomó las instituciones.
Está comprobado que las reformas no las pueden seguir haciendo los componentes de una clase corrupta. Esa labor debe estar en manos de todas las organizaciones que representen los distintos estamentos de la sociedad.
Es por ello que se deben tomar medidas radicales, que eviten nuevos casos de corrupción y de mafias en Colombia, un país castigado de manera inmisericorde por esa clase de flagelos.
En consecuencia, la «guerra sucia», adelantada por distintas campañas que contratan a delincuentes para tomar ventaja, también debe pagar sus culpas entre sus gestores.
Definitivamente, la clase política, a pesar de sus antecedentes, sigue en una abierta competencia por escalar al máximo las actividades delincuenciales.