Otro atropello contra las víctimas de la violencia en Colombia, prepara el Congreso.
Bajo el argumento de «detener el desangre de las finanzas públicas debido a la carencia de una apropiada defensa jurídica de sus intereses», varios congresistas arrodillados al ejecutivo radicaron una iniciativa que busca limitar la responsabilidad estatal por los daños que este ocasione a sus ciudadanos.
De acuerdo con lo estipulado por la Constitución, actualmente el Estado debe reparar económicamente a quienes les genere -por acción u omisión- un daño específico. La iniciativa, pendiente de primer debate en la Comisión Primera de Cámara, pretende que por ley se establezcan límites, condicionamientos o exclusiones a la responsabilidad estatal.
Para los autores del proyecto «en la actualidad, son miles los casos en los cuales, con base en demandas contra el Estado, se obtienen inmensos beneficios individuales, desproporcionados e injustos» y que aún en los casos en que sí han existido daños la fijación de las indemnizaciones «resulta en extremo onerosa y perjudicial para las arcas públicas».
Para el representante a la Cámara Germán Navas Talero, un jurista que ha cumplido su labor de defender a la comunidad sin temor alguno, esta iniciativa no es más que otra afrenta contra la ciudadanía, «algo similar a lo que se ha tratado de hacer al vulnerar los derechos ciudadanos limitando la acción de Tutela», dijo.
El congresista del Polo Democrático lo que se debería hacer sería «mirar las razones por las cuales el Estado es sujeto de demandas y enfocar los esfuerzos en evitar que sus agentes, por acción o por omisión, sigan causando desproporcionados daños a la ciudadanía».
La iniciativa ya hace parte del orden del día de la mencionada célula legislativa [PAL 058 de 2015]; su ponente es el representante Jaime Buenahora Febres, y se espera su discusión para la próxima semana.
Hasta el momento se desconoce la opinión de los colegios de abogados frente al tema, pero se espera que estos, así como otras organizaciones, se manifiesten al respecto.
El jurista Germán Navas Talero, actual representante a la Cámara es el único de los parlamentarios preocupados por la suerte de las víctimas de la violencia.